Ada Colau y Jaume Collboni en el balcón del Ayuntamiento. Barcelona en Comú y el PSC negocian los últimos flecos de su pacto de gobierno. /EFE/Quique García

Colau pasa al PSC una bomba de relojería

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Decisiones pendientes del nuevo concejal de seguridad de Barcelona: reorganizar la Guardia Urbana, actuar contra el top manta y coordinarse con los Mossos

Josep Maria Casas

Economía Digital

Ada Colau y Jaume Collboni en el balcón del Ayuntamiento. Barcelona en Comú y el PSC negocian los últimos flecos de su pacto de gobierno. /EFE/Quique García

Barcelona, 10 de julio de 2019 (04:55 CET)

La alcaldesa Ada Colau ha convocado una junta de seguridad para el 19 de julio ante el incremento de las denuncias por hechos delictivos. Cuatro grupos de la oposición municipal –ERC, JxCat, Cs y PP– se plantean forzar un pleno extraordinario para adoptar medidas urgentes. Mientras tanto, los agentes de la Guardia Urbana confían en que, cuando se produzcan estas dos reuniones, el socialista Albert Batlle ya esté al frente de la seguridad ciudadana.

Fuentes sindicales de la Guardia Urbana apuntan que Batlle deberá tomar decisiones desde el primer minuto. El objetivo es frenar la delincuencia en un momento en que la ciudad está repleta de turistas. Más adelante, deberá afrontar decisiones de calado: la reorganización del cuerpo, el cambio de los protocolos de actuación contra el top manta o la ocupación ilegal y, especialmente, la coordinación policial.

Estas fuentes insisten en que para atajar la delincuencia en Barcelona es imprescindible la coordinación de los diversos cuerpos policiales. Y está brillando por su ausencia. Un agente pone como ejemplo el atentado del 17 de agosto de 2017 en la Rambla, en el que murieron 16 personas: pese a que su resolución se presentó como un éxito policial, insiste en que fue un ejemplo de “descoordinación” desde el mismo momento en que se establecieron controles en las salidas de la ciudad. Uno de los autores, Younes Abouyaaqoub, burló los controles después de asesinar al propietario del automóvil que utilizó en su huida.

Los sindicatos policiales esperan que se aproveche la junta de seguridad de la próxima semana para tomar una decisión sobre la Sala Conjunta de Mando (SCM). Los policías barceloneses la denominan “sala maldita”. Se trata de un subterráneo de la calle Lleida de Barcelona desde el que supuestamente se debería coordinar a los Mossos, la Guardia Urbana, los Bomberos de Barcelona y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

Sin coordinación

Un miembro de la SCM confirma que apenas hay comunicación entre estos servicios. “Cada uno va a su bola”, precisa. Un estrecho corredor central, al que llaman “el canal de la Mancha”, separa el espacio de los Mossos del de la Guardia Urbana. Cada cuerpo policial y servicio tiene un jefe, pero no se coordinan. Con frecuencia, ni se hablan.

La SCM se abrió en 2007 con carácter provisional. Solo para dos años, aunque ya llevan 12 en el mismo sitio. Los sindicatos advirtieron en 2016 de la proliferación de casos de cáncer entre el personal que trabaja en este subterráneo. El Ayuntamiento encargó un estudio para buscar otra ubicación, pero nunca se llevó a cabo.

Agustí Serrano, consultor en seguridad y ex director del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, pone como ejemplo de coordinación policial el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (Cisem) de Madrid. Tiene un mando único que coordina tres cuerpos policiales y diversos servicios de emergencias y protección civil. En cambio, la sala de Barcelona es un reino de taifas: cuerpos policiales y servicios “cohabitan en el mismo espacio sin coordinarse”.

Serrano indica que la futura SCM debería ser un verdadero centro de coordinación, con un mando, en el que también se integrase al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Estos cuerpos son responsables de la seguridad de infraestructuras clave como el Puerto y el Aeropuerto de Barcelona.

“Es imprescindible un modelo de seguridad integral para Barcelona en el que estén coordinadas todas las policías y servicios de emergencias”, advierte Serrano.

Las fuentes sindicales consultadas apuntan en la misma dirección. Insisten en que la coordinación entre cuerpos policiales es una asignatura pendiente. En el pasado se realizaron patrullas conjuntas entre Mossos y policía local, especialmente en zonas turísticas, pero no se continuó con la experiencia. Nunca se ha resuelto esta situación, apuntan agentes de la Urbana.

Recuerdan que Batlle fue el responsable político de los Mossos desde 2014 hasta julio de 2017, cuando dimitió del cargo ante la deriva del gobierno de Carles Puigdemont. Consideran que puede facilitar la colaboración entre los Mossos y la Guardia Urbana en Barcelona.

Incluso el nuevo mayor de los Mossos, Eduard Sallent, reconoce que se debe reforzar la seguridad en Barcelona y mejorar la coordinación policial. En reciente entrevista en El País, también apuesta porque los Mossos tengan “mucha más fluidez de comunicación con determinados estamentos del estado”. En este sentido, defiende la necesidad de reforzar la colaboración con el CITCO [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado] y con la Secretaría de Estado de Interior.

Decisiones pendientes

El próximo concejal de seguridad de Barcelona se encontrará con un montón de carpetas encima la mesa. Deberá decidir sobre la continuidad de Evelio Vázquez, de 64 años, como jefe de la Guardia Urbana. Fue nombrado en 2011 por el entonces alcalde Xavier Trias. También deberá tomar una decisión sobre Amadeu Recasens, comisionado de la Guardia Urbana que en el anterior mandato dependió directamente de la alcaldesa Colau. Fuentes municipales apuntan que ninguno de los dos continuará, aunque eso no significa que se prescinda de sus servicios de manera inmediata.

Si finalmente la cartera de seguridad es para Batlle, queda por ver si anula los protocolos de actuación que impuso el anterior gobierno de Colau con respecto a la ocupación o el top manta. Con respecto a la venta ambulante ilegal, el socialista Jaume Collboni prometió mano dura.

El top manta genera pérdidas en Barcelona de más de 130 millones de euros anuales a los comerciantes y las industrias afectadas por la falsificación de productos, según un estudio elaborado por la patronal PimeComerç. Los empresarios y asociaciones del sector del turismo también claman contra la creciente inseguridad de la ciudad.

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