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Un director de instituto recuerda que no sólo les presiona la Generalitat, el Gobierno o los Mossos, sino también los profesores, los alumnos y sus padres

Josep Maria Casas

Economía Digital

La exconsejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, experta en teoría de juegos, jugó, precisamente, con la independencia. /EFE

27 de septiembre de 2017 (04:55 CET)

Presión máxima sobre los directores de los centros escolares en los que la Generalitat pretende instalar las urnas del referéndum. Se sienten acosados, amenazados. “Nos han puesto en el ojo del referéndum”, lamenta el director de un instituto que ha recibido presiones desde la Consejería de Enseñanza para ceder las llaves este 1 de octubre y advertencias de los Mossos d’Esquadra y de la Delegación del Gobierno sobre las consecuencias legales que le acarrearía esta acción. Además deben soportar la presión de los alumnos, de las asociaciones de padres y, especialmente, del resto de profesores. No se sienten protegidos.

Este director recibió la semana pasada llamadas telefónicas desde los Servicios Territoriales de la consejería de Clara Ponsatí para conminarle a ceder las llaves para el referéndum. Prefiere mantenerse en el anonimato para evitar verse señalado. Cree que si su nombre trasciende, la presión todavía será mayor. Cuenta que algunos de sus colegas han recibido la visita de funcionarios e, incluso, de inspectores de Enseñanza. Estas visitas no siempre han sido cordiales. Otra directora explica que la semana pasada la visitó una funcionaria que se negó a identificarse. “Me pidió las llaves y yo le pedí que me entregara una orden por escrito. No me la dio y yo no le di las llaves”, así resume la conversación que mantuvo con ella.

Después de las presiones de la Generalitat, uno de los directores consultados explica que este martes recibió la visita de dos agentes de los Mossos d`Esquadra para cumplimentar las instrucciones de la fiscalía. Le han pedido sus datos y le han recordado que está obligado a impedir la apertura del centro tal como consta en la nota que le han entregado. Si alguien lo abre el próximo domingo, debe denunciarlo “sin demora” a la policía. “Iban de paisano, pero antes de que se presentaran ya sabía que eran mossos. No eran los de aquí porque los conozco a todos”, relata este director de una ciudad de comarcas. Los agentes llevaban una larga relación de colegios electorales que debían visitar.

Reciben la carta de Millo por partida doble

Este martes también ha recibido la carta certificada que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha enviado a los centros escolares que se suelen utilizar como colegios electorales. El pasado viernes la recibieron por mail y, ahora, por correo certificado para que no puedan decir de que no se les ha advertido. En la misiva se les avisa de las consecuencias penales de abrir el 1 de octubre.

Los directores de los centros escolares soportan muchas otras presiones, que les afectan personalmente: de los profesores, de los alumnos y de los padres de los alumnos. Algunos padres han llamado al instituto de sus hijos porque quieren saber en boca de su director si va a abrir el 1 de octubre, tanto si están a favor como en contra del referéndum. Los alumnos también se posicionan. Incluso organizan huelgas. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han anunciado una jornada de huelga para este jueves como protesta por las acciones contra el referéndum.

Referéndum: los directores de institutos se sienten solos y presionados para abrir el 1-O

Algunos claustros de profesores han acordado proclamas a favor del referéndum pese a la oposición de su director. Algunos han tenido más suerte: han evitado meter más presión a su director porque saben que sobre sus espaldas recaerá el peso de la ley. Uno de los directores consultados reconoce que se siente afortunado porque el claustro de profesores no le ha puesto en un compromiso. “La decisión me afecta a mi y lo han entendido”, indica. Otros están entre la espada y la pared.

Una directora recibió hace unos días la visita de un inspector que le planteó la posibilidad de renunciar al cargo este 1 de octubre. Al día siguiente, recuperaría las funciones. No accedió. No obstante, según las fuentes consultadas, son una minoría los que rechazan las exigencias de la Consejería de Clara Ponsatí. “Negarse puede tener consecuencias. Te pueden meter en la lista negra”, señala una directora.

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