El presidente del gobierno Mariano Rajoy, y la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría, en el pleno del Congreso de los Diputados, que hoy vota las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado

El frente catalán de Rajoy: 55 recursos al TC (la mitad contra el 'procés')

stop

Desde que inició su pulso jurídico con el independentismo, Rajoy ha llevado al Parlament y la Generalitat 55 veces al TC, 26 de ellas por razón del 'procés'

Iván Vila

Economía Digital

El presidente del gobierno Mariano Rajoy, y la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría, en el pleno del Congreso de los Diputados, que hoy vota las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado

Barcelona, 10 de mayo de 2018 (04:55 CET)

“He presentado ante el Tribunal Constitucional 25 recursos relacionados con el proceso independentista”. Así se reivindicaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, este miércoles en el Congreso ante los reproches del líder de Cs, Albert Rivera, por no haber recurrido contra los votos delegados de Carles Puigdemont y Toni Comín.El recuento de Rajoy no incluía todavía el vigesimosexto, el que, mientras se celebraba el debate, se presentaba contra la reforma de la ley de presidencia diseñada ad hoc para avalar la teleinvestidura de Puigdemont.

La formación naranja lleva semanas haciendo caballo de batalla del asunto de los votos delegados para reprocharle al PP, al que no para de comerle terreno en las encuestas, falta de convicción en su pulso contra los independentistas. Y, para replicar, Rajoy ha tirado de balance de la acción de la llamada brigada Aranzadi, el ejército de abogados que desde hace cuatro años diseña el principal frente de ataque del presidente contra el soberanismo: el del Tribunal Constitucional.

Los primeros, contra el 9-N

La intensidad de esta estrategia es perfectamente rastreable repasando la hemeroteca. La cifra de Rajoy es correcta, si tomamos como punto de partida los dos recursos presentados el 29 de septiembre de 2014 contra la convocatoria del 9-N y contra la ley de consultas que el Parlament había aprobado para avalar la cita con las urnas que Artur Mas acabaría calificando de “proceso participativo”.

Esos dos, seguidos de otro para desactivar los preparativos de aquella consulta, fueron los primeros recursos de inconstitucionalidad planteados por el ejecutivo central ese año contra decisiones de la Generalitat o el Parlament. Y aún hubo tres más, entre septiembre y diciembre de ese año, sobre otras disposiciones que nada tenían que ver con la consulta. El 2013, ninguno de los siete recursos que había presentado el gobierno afectaba a Cataluña. El 2014, fueron seis de un total de 19. Desde entonces, el grueso del trabajo que han tenido los servicios jurídicos del gobierno se ha focalizado en Cataluña.

Desde septiembre de 2014, ya son 55 los recursos presentados contra iniciativas del Parlament o el gobierno catalán

En 2015, 12 de los 21 recursos presentados por el gobierno ante el alto tribunal iban dirigidos contra decisiones de las instituciones catalanas; en 2016, 10 de 19; en 2017, 22 de 35, y en 2018, de momento, 5 de 6, contando el recurso contra la ley de la teleinvestidura de este mismo miércoles.

En total, desde septiembre de 2014, ya son 55 los recursos presentados contra iniciativas del Parlament o el gobierno catalán, 26 de ellos centrados en medidas directamente vinculadas al procés: de la declaración de soberanía a las leyes de desconexión, de los planes para crear la hacienda catalana a la creación de la consejería de asuntos exteriores, de los preparativos del 9-N o el 1-O a la comisión de investigación sobre la actuación policial en la segunda de esas fechas.

Conflictividad más allá del procés

Claro que la treintena restante de asuntos catalanes elevados al Constitucional indica de forma palmaria que la conflictividad institucional desatada entre el el gobierno central y el ejecutivo y el legislativo catalanes y el celo de la brigada Aranzadi no se ha limitado a las iniciativas intrínsecamente vinculadas al proceso independentista. Rajoy ha llevado al alto tribunal medidas fiscales, de consumo, de horarios comerciales o de vivienda, e incluso una ley reguladora sobre asociaciones de consumidores de cannabis y otra sobre el cambio climático.

El presidente se ha mostrado de lo más cauto con el caso de los votos delegados de Puigdemont y Comín

El presidente, en cambio, se ha mostrado este miércoles de lo más cauto con el caso de los votos delegados de Puigdemont y Comín, el primero de los cuales el Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtió que podía vulnerar las medidas cautelares dictadas por el TC cuando bloqueó la teleinvestidura del president. La medida ha sido recurrida ante el TC no solo por Cs, sino también por el PP catalán, pero Rajoy se ha remitido a sus servicios jurídicos: "Consideran que ese recurso no puede plantearlo el gobierno por falta de legitimidad y que hay precedentes en el TC que aconsejan que no lo hagamos", ha dicho.

Los votos de Puigdemont y Comín, por cierto, son clave para garantizar una investidura efectiva antes del 22 de mayo, fecha límite para evitar unas nuevas e inciertas elecciones en Cataluña de las que Rajoy no quiere ni oir hablar.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad