22 de junio de 2012 (17:42 CET)
El Gobierno ha dado un paso al frente para luchar contra el fraude. Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal y seguramente la próxima semana haga lo mismo pero con el fraude laboral.El proyecto incluyes fuertes sanciones para los que incumplan los nuevos requisitos legales. Uno de ello es que todo ciudadano tiene que declarar obligatoriamente todos sus bienes que tenga en el extranjero. En el caso de que no lo haga, la multa ascenderá a los 10.000 euros, a los que se sumarán 5.000 euros más por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente.
Bajo este apartado del proyecto de ley se tendrán en cuenta las "cuentas, valores, títulos, rentas o bienes inmuebles" en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o autorizados. Se incluyen todo tipo de títulos, activos y cuentas en entidades financieras, así como valores y seguros de vida.
Adiós al efectivo
Otro de los puntos importantes de la nueva ley antifraude es que ya no se podrán realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos. El límite no afectará a operaciones entre particulares y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes.
Quienes incumplan esta ley se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. "Si se incumple la limitación, tanto el que paga como el que recibe serán responsables solidarios de la infracción", ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que si una de las partes pone en conocimiento de la Agencia Tributaria el pago, no será sancionado.
Terminar con el sin IVA
Sáenz de Santamaría ha recalcado que el objetivo prioritario del Gobierno es acabar con la frase: “con IVA o sin IVA”, ha asegurado Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha recalcado que “Hacienda somos tos y cada vez más” y espera que la sociedad se dé cuenta de que cada uno que no paga el IVA está estafando a todos los españoles.
Por otro lado, el proyecto incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos, ya que se excluirá de la estimación objetiva a los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y con un volumen de rendimientos íntegros superior a 50.000 euros al año.
Entre estas actividades se encuentra la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carreteras. También quedarán excluidos los que obtengan rendimientos de más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales.
