El Gobierno tarda 26 días en darse cuenta de que legalizó la prostitución

Metida de pata del Gobierno de Pedro Sánchez. Una resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE) para la inscripción de un sindicato de «trabajadoras sexuales» –publicada hace 26 días (el sábado 4 de agosto)– revela una crisis de coordinación en el Ejecutivo socialista, que en menos de 24 horas pasó de aprobar la asociación del gremio de la prostitución a pedir a la Abogacía del Estado que estudie la vía para anular su aprobación.

Magdalena Valerio manifestó el jueves que atraviesa «uno de los peores disgustos» de su vida política y lamentó: «Me han colado un gol por la escuadra». La ministra de Trabajo admitió que le cogió por «sorpresa» conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato, denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), pese a que el mismo fue publicado hace más de tres semanas. Valerio agregó que preguntará al encargado del expediente por qué no se le informó de su tramitación.

«No avalaremos un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un gobierno socialista y feminista», comentó la ministra, que ya comenzó las gestiones con la Abogacía del Estado para «declarar esta resolución nula de pleno derecho», después de que algunas organizaciones feministas pidiesen al Gobierno explicaciones sobre por qué reconoce el trabajo sexual cuando se considera feminista.

Sánchez intentó calmar el incendio y defendió que el registro del sindicato «fue un mero acto administrativo que no contenía errores de forma pero sí de fondo». El presidente aseguró que el Gobierno es «partidario de la abolición de la prostitución». «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esta actividad ilícita», comentó el mandatario en una serie de mensajes en Twitter.

El sindicato de trabajadoras sexuales sorprendió hasta a sus promotoras

El culebrón por el sindicato de trabajadoras sexuales comenzó la mañana del jueves, cuando el ministerio de Trabajo dio el visto bueno a la constitución del mismo, después de que la Dirección General del Trabajo publicara su resolución el 4 de agosto en el BOE. Desde tempranas horas, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, solicitó a Trabajo toda la información sobre el asunto para conocer los detalles.

La primera reacción fue de la presidente andaluza Susana Díaz, que pidió al Gobierno «que haga lo que tenga que hacer» para evitar la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales, considerando que es una «manera descarada» de encubrir la trata de personas y la explotación sexual. Mientras tanto, una de las promotora del sindicato que prefirió mantener el anonimato admitió que la noticia «nos ha cogido desprevenidas», pero celebró que «estamos haciendo historia».

La creación de historia duró poco. Entrada la tarde, Valerio anunció que solicitará a la Abogacía del Estado la eliminación de la resolución. «Como ministra y miembro de un Gobierno feminista jamás habría dado el ‘ok’ a que esto se publicase en el BOE». Por su parte, la ministra Calvo afirmó en marzo que «la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, si no la esclavitud más antigua y grande de la historia».

Tras las declaraciones de las ministras, la secretaria del sindicato cuestionado, Concha Borrell, acusó a Valerio de querer «defender los intereses de la patronal de los burdeles y no el de las trabajadoras» y advirtió de que la ministra «tendrá que acudir a la vía judicial para ilegalizar un sindicato, porque, como ha reconocido el propio ministerio, cumplimos todos los trámites legales y todo es legal».

«Si le hemos colado un gol, que contrate mejores porteras», avisó Borrell, que denunció al Gobierno de enfocarse tanto en tener «un gran abanico de mujeres» que «no se ha preocupado de que sean competentes».