El independentismo presiona a la nueva fiscal general de Sánchez

Las defensas de los líderes procesados por Llarena reclaman a la nueva fiscal general del Estado que descarte la acusación por rebelión

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Hace una semana, uno de los abogados de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas lanzaba un aviso para navegantes: «Pactar con la fiscalía sería una traición al pueblo de Cataluña». La andanada iba por los letrados de los líderes independentistas en prisión, y llegaba un día después de que su colega Gonzalo Boye advirtiera de la posibilidad de que algunos de ellos estuvieran tratando de pactar una rebaja de penas con el ministerio público.

Una semana y unas cuantas informaciones y desmentidos después sobre posibles maniobras para llegar a acuerdos, los abogados de los presos han zanjado este viernes la cuestión: se trata de que la fiscalía renuncie a reclamar el delito de rebelión, sí, pero no a base de pactos, sino de pressing. Y en esa estrategia, el ok de la justicia alemana a entregar a Puigdemont pero solo por el delito de malversación, no por el rebelión, no solo era la última pieza que faltaba. Es que es su clave de bóveda.

Reto a la nueva fiscal general

La decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein sobre el expresidente catalán llega además en un momento clave. Por un lado, el relevo en la Moncloa ha comportado también cambios en la fiscalía. Y, por otro, esta misma semana, el juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha completado la instrucción, con lo que ahora toca presentar el escrito de acusación.

Las defensas quieren aprovechar ese «nuevo contexto», en palabras del letrado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde. Y este viernes le plantearon en bloque y públicamente a la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, que se replantee la imputación de rebelión que pesa sobre Puigdemont y otros 12 procesados: los nueve que están en prisión y tres que huyeron al extranjero: los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

«No hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión», aventuró Van den Eynde

Los abogados admitieron que, a efectos legales, la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein no tiene repercusión directa sobre la causa, pero la entienden como una desautorización más a la cuestionada acusación por rebelión, y en eso sustentan su petición, que plantean como «una oportunidad» de la fiscalía para revertir el «desprestigio» en el que a su juicio están cayendo tanto el ministerio público como el Supremo. «No hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión», aventuró Van den Eynde, que en ese punto dijo hablar en nombre de todos. 

En esa misma línea abundó a su vez el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista en RAC1 en la que consideró que la fiscalía tiene «una oportunidad de oro» para corregir el enfoque de la causa y renunciar al cargo de rebelión.

Segarra, que tomó posesión el pasado 5 de junio, aseguró esta semana que no nay «ningún cambio» en la postura de la fiscalía en la causa

La oportunidad, además, no la circunscribe el equipo de defensas únicamente al escrito de acusación, sino también a la nueva petición de libertad para los nueve encarcelados que presentarán la semana que viene, y que por primera vez no será resuelta por Llarena, que, acabada la instrucción, sale de escena, sino por los magistrados que se encargarán del juicio.

Esta misma semana, Segarra, que tomó posesión el pasado 5 de junio, aseguró que no nay «ningún cambio» en la postura de la fiscalía y defendió el trabajo de los fiscales que han trabajado en la causa

Entendimiento de mínimos

A principios de semana, El Confidencial publicó que Quim Torra y su equipo, en base a un estudio de Jordi Pina -abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez– y Xavier Melero -letrado de Joaquim Forn– sondearon la posibilidad de plantearle a Pedro Sánchez una rebaja de penas aprovechando el primer encuentro entre el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno.

La información, que ligaba con los avisos lanzados por Boye y Cuevillas en sendas entrevistas en Vilaweb, fue desmentida de inmediato y con rotundidad tanto por el ejecutivo catalán como por los abogados. Con la fiscalía «ni se habla, ni se pacta», zanjó este viernes Van den Eynde.

Así las cosas, la comparecencia conjunta de los abogados en el Colegio de Periodistas este viernes también pretendía transmitir una imagen de unidad y acallar así las voces que enfatizan las divergencias en el seno del equipo legal de los líderes procesados. No negaron que las hubiera, pero las minimizaron. Lo que cuenta, insistieron, es que todos comparten «un mínimo común denominador»  en palabras de Melero: la convicción de que «no hubo rebelión, sedición ni malversación», dijo.

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