El PP suspende a los concejales y asesores de Valencia imputados en el caso Taula

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La supresión afecta a los 50 cargos investigados por presunto blanqueo de capitales

Economía Digital

La antigua alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, bromea con su entonces concejal de Urbanismo y actual portavoz del Grupo Popular PP de Valencia, Alfonso Novo. | EFE
La antigua alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, bromea con su entonces concejal de Urbanismo y actual portavoz del Grupo Popular PP de Valencia, Alfonso Novo. | EFE

Barcelona, 28 de marzo de 2016 (20:09 CET)

El Partido Popular ha reaccionado, al fin, al caso Taula. El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha emitido un comunicado en el que suspende, de forma cautelar, la militancia de los 50 concejales, antiguos ediles y asesores imputados en la operación contra el blanqueo de capitales por la financiación ilegal de campañas electorales en el Ayuntamiento de Valencia.

El juzgado de Instrucción número 18 de la ciudad acusó el pasado 1 de febrero a todo el grupo para comprobar si era cierto que las aportaciones que realizaban les eran luego devueltas en billetes de 500 euros. Una trama que conseguía blanquear el dinero recibido de empresarios a cambio de adjudicaciones.

La formación advierte de que continuará con la tramitación del expediente a todos aquellos investigados y llamados a declarar. La supresión del cargo afecta a nueve de los diez concejales por un presunto blanqueo de dinero previo a los últimos comicios municipales. Sólo una regidora que se presentó como independiente ha sorteado la operación.

Se solicitó la baja voluntaria

El medio centenar de personas obligadas a abandonar el cargo ha sido, desde hace semanas, presionado por la dirección nacional a presentar una baja voluntaria. El vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, advirtió hace una semana: "En las próximas horas o días se producirán dimisiones". 

El pasado 15 de marzo, pero, los 50 afectados avisaron que no contemplaban la opción de dimitir. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, se defendió: "No hay pruebas de cargo ni datos que demuestren la comisión de un delito". Dos semanas después ha tenido que renunciar a su acta.
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