Junts pel sí transforma el proyecto independentista en un cascarón vacío

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La Generalitat quiere crear la Agencia Catalana de Protección Social, pero como sucede con la Agencia Tributaria de Cataluña, carece de medios y recursos legales para ponerla en marcha

Josep Maria Cortés

Carles Puigdemont, entre Oriol Junqueras y Joan Vidal, en una reunión del Govern, en una imagen de archivo
Carles Puigdemont, entre Oriol Junqueras y Joan Vidal, en una reunión del Govern, en una imagen de archivo

Barcelona, 27 de marzo de 2016 (01:00 CET)

Después de reconocer la inviabilidad de la Agencia Tributaria de Cataluña, la Generalitat de Carles Puigdemont anuncia la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, es decir, la Seguridad Social (SS). Ambas agencias ahora son las dos grandes patas de las estructuras de Estado que el Govern quiere tener listas dentro de un año y medio. Ambas dependen de Oriol Junqueras, vicepresidente económic y líder de ERC. La nueva SS se ocuparía de las pensiones (¡ay, madre!) y de la prestación social por desempleo.

El mapa institucional de Junqueras es ahora el motor del cambio. Sin embargo, el marco conceptual y jurídico no lo confirma; al contrario, lo descarta con los hechos como se ha visto en la casi nula efectividad de la Agencia Tributaria Catalana que solo recauda el 5% del total de los impuestos que pagan los catalanes, pero que ni siquiera en este caso consigue llevar a cabo su función.

Estructuras sin poder ni herramientas legales

La Ley General Tributaria del Estado y la ineficacia de la Dirección General de Tributos de la Generalitat son la gran cortapisa. En el caso de la SS catalana, Junqueras quiere hacer lo mismo que se hizo en Hacienda: organizarla por debajo del enunciado la Dirección General de Protección Social, que depende del Departamento de Trabajo.

La consejera Dolors Bassa reporta a Junqueras como jefe del equipo económico de la Generalitat. Protección Social está sujeta a la Ley de 2007, dotada de una disposición transitoria, que permitiría al Govern agrupar en un solo ente todas las transferencias del Estado en materia social.

Una vez más, Madrid tiene la caja y Cataluña reclama el derecho a gestionarla, porque "al fin y al cabo se trata de recursos ingresados por la ciudadanía catalana en forma de cotizaciones a la SS", señalan a Economía Digital medios oficiales del Departamento de Trabajo.

Es un argumento idéntico al del caso de Hacienda, cuyo secretario general, Lluís Salvadó, sostiene que su Agencia Tributaria "será el germen de lo que no es". En un caso y en el otro, la Generalitat lleva al fracaso sus estructuras de Estado básicas, para que los ciudadanos puedan ver el futuro brillante al que España nos impide llegar. Pero las dos grandes estructuras, SS y Hacienda, no tienen medios ni recursos legales hoy por hoy. La Cataluña del mañana es un cascarón vacío.

Cambios en el equilibrio de fuerzas

Mientras tanto, en el Parlament, las contradicciones en las que incurren Junts pel Sí y la CUP amenazan la gobernabilidad sostenible. Aferrado a sus principios de independencia o muerte, el grupo asambleario dicotomiza el mundo.

En el ayuntamiento de Barcelona, el avance del pacto entre socialistas y Ada Colau diseña ya un futuro cambio en la correlación de fuerzas de la izquierda. El mismo Miquel Iceta, líder del PSC, anuncia su intención de seguir al frente del partido en caso de elecciones, mientras saborea la aceptación de un referéndum, "no de autodeterminación, sino de cambio constitucional". Es la introducción nada sutil de la consulta desde una posición federalista.

Pero Podemos, cuyo punto de partida es la arquitectura policéntrica de las sociedades contemporáneas, no acepta el nuevo truco socialista. La España unívoca y la Cataluña soberanista dan por sobreentendido el sujeto y el marco que tanto les separan; y es, a partir de esta brecha, desde donde el Comité Federal del PSOE está dispuesto a colocarse en el punto de diálogo intermedio que precisa para captar a Podemos o para conseguir su abstención.

La posición granítica de la derecha

En todo caso, la frontalidad no cesa: PP y Ciudadanos, desde un lenguaje aparentemente menos imperativo, aseguran que todo es discutible en el marco constitucional, aunque su revisión nunca se produce porque "no se dan las condiciones", ha repetido mil veces Soraya Sáenz de Santamaría.

En el otro lado, el soberanismo periférico vasco y catalán solo admiten hablar del derecho a decidir. Unos y otros hacen un "uso ventajista del punto ciego desde el que se construye la hegemonía política", escribe Daniel Innerarity.

Primeros pasos hacia un posible acuerdo

El pacto municipal catalán entre PSC y Colau puede ser a partir de ahora el hilo conductor de un avance hacia el Bloque de Progreso del que habla Pedro Sánchez, pese a la desconfianza de su socio, Albert Rivera. El miércoles 30 de marzo saldremos de dudas después del encuentro entre Sánchez e Iglesias.

Podemos ha movido ficha en las comunidades soberanistas: en el País Vasco se ha acercado claramente a las fuerzas abertzales en un momento crucial de vuelta a la política de Arnaldo Otegi, el camino de sombra que une la reivindicación nacional con la social. En Cataluña, la aparición de Raimundo Viejo, un nuevo dirigente unido a Pablo Iglesias, refuerza la estructura interna de Podemos por si se debilita la alianza con En Comú Podem.

Sea cual sea el tipo de fractura que se produzca a la izquierda del PSOE, el pacto de los socialistas con Colau preludia una nueva mayoría. Sería la mayoría dispuesta a borrar el referéndum a la escocesa y poner en su lugar el primer paso: el cambio constitucional.

Cataluña, el país cuyos dirigentes soberanistas anuncian construcciones imposibles (como la Agencia Tributaria o la SS propias) es, además del cascarón vacío, un vigoroso laberinto de ideologías.
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