La carta al New York Times considera que el rotativo no puede dejarse llevar por las movilizaciones en la calle. /EFE

La carta completa de respuesta al editorial de 'The New York Times'

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La misiva, redactada en inglés, reprocha al 'The New York Times" que pida al Estado español todo lo que no defendería para EEUU

Barcelona, 29 de junio de 2017 (14:00 CET)

Economía Digital reproduce íntegramente la respuesta que intelectuales constitucionalistas han remitido al diario estadounidense The New York Times tras la publicación, este sábado, de su editorial favorable a un referéndum de secesión en Cataluña:

*** "The New York Times (NYT) siempre ha sido para nosotros un referente de la prensa libre, por el coraje que consistentemente ha demostrado abogando por los valores de la democracia liberal y del respeto al imperio de la ley que la sustenta. En fechas recientes, hemos visto una vez más lo mejor del NYT en su apasionada defensa del "check and balances" del sistema político norteamericano ante los intentos del poder de actuar arbitrariamente en casos como el "travel ban" y el despido del ex-director del FBI.  

Es por ello que hemos leído con una mezcla de tristeza, perplejidad y frustración su editorial del 23 de junio de 2017 en la que parece proponerse que el sistema democrático español no se aplique a sí mismo los estándares de separación de poderes que el Times defiende para EEUU, buscando pretendidas soluciones políticas en vez de recurrir a los mecanismos judiciales ordinarios, como se realiza en todos los estados democráticos.

Los impuestos los pagan las personas y no los territorios, sin que Cataluña suponga una situación excepcional ni en España ni en EEUU

En España, como en EEUU, rige la separación de poderes y no es optativo para fiscales o tribunales dejar de condenar a quien incumple la ley. Sorprende que elementos tan básicos del sistema político y jurídico español al que se refiere el artículo no sean considerados.

Sorprende también que un diario progresista acepte prima facie las tesis separatistas y que en este caso particular hable de "trato injusto" y no defienda  la existencia de tasación progresiva por la que aboga en EEUU. A pesar de saber que los impuestos los pagan las personas y no los territorios, omite que, tal como sucede en todos los países, las regiones con una renta per cápita superior a la media nacional tienen un "déficit fiscal" respecto al conjunto del país, sin que Cataluña suponga una situación excepcional ni en España ni en EEUU, país en el que existe una unión fiscal basada en las transferencias fiscales federales.

Su editorial habla también de grandes manifestaciones en la calle, como si el número de manifestantes diese legitimidad a saltarse la ley . Una vez más, este argumento nos resulta chocante viniendo del New York Times,  que habitualmente defiende que el rasgo fundamental de un sistema democrático es que está basado en el imperio de la ley.

Es decir, que es un contrato social fundamentado en el derecho y constituido mediante normas que obligan y protegen a todos sus ciudadanos por igual, impidiendo que la mayoría oprima a la minoría, o que los más ricos no contribuyan al bienestar de los más desfavorecidos.  

Exactamente como en el caso norteamericano. Porque, precisamente para evitar que las minorías vean sus derechos vulnerados por la tiranía de la mayoría, las constituciones americana y española dejan un número substancial de derechos fundamentales fuera del alcance de la simple regla de la mayoría ejercida a través de referéndums populares como el que su editorial propone.

El remedio que The New York Times aboga para España acabaría curando la enfermedad pero matando al paciente

El remedio que The New York Times aboga para España acabaría curando la enfermedad pero matando al paciente: El hecho de que los separatistas catalanes se hayan situado a sí mismos en un callejón sin salida no puede impeler al gobierno de España a apaciguar ilegalmente a un ruidoso, hiperactivo y sobreexcitado 34% del cuerpo electoral de Cataluña financiado con los impuestos de todos.

Ningún gobierno en un  Estado democrático puede forzar que una parte del país, cuyo claro objetivo es esquivar al imperio de la ley para hacerle la eutanasia al Estado, decida por todos los votantes españoles que son quienes son competentes para definir, o en caso reformar a la Constitución, el marco territorial y de competencias de que nos dotamos con la Constitución de 1978" ***.

La carta la firman Teresa Freixes, Mariano Gomà, Rafael Arenas, Josep Bou, Pere Luís Huguet, Manuel Lanzan, Miriam Tey, Oscar Uceda, Vicente Serrano, Clemente Polo, José Domingo, Ana Losada, Sergio Fidalgo, y Josep Alsina, entre otros. 

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