El fiscal Fidel Cadena, en el Supremo. Foto: Tribunal Supremo

La fiscalía se pierde en el Supremo

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Los continuos resbalones de la fiscalía arrojan dudas sobre si el ministerio público ha preparado adecuadamente el juicio del 'procés'

Barcelona, 23 de febrero de 2019 (04:55 CET)

“Multitudinarias y espectaculares”. Al pronunciar esos dos adjetivos, la fiscal Consuelo Madrigal abrió el martes la caja de los truenos para la propia fiscalía, que no deja de acumular errores, imprecisiones y suscitar dudas sobre la forma en que ha preparado el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. O, al menos, los interrogatorios a los acusados.

Porque esos dos adjetivos, asociados a las movilizaciones previstas como una palanca de presión al Estado, no estaban en la hoja de ruta que suscribieron en 2015 los partidos independentistas, como afirmó Madrigal, sino en la hoja de ruta estratégica de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). No es un detalle menor, teniendo en cuenta que la fiscal le pedía explicaciones sobre la frase al exconseller Josep Rull, que había suscrito como representante de CDC el primer documento, pero no el segundo.

No fue ni mucho menos  el único gazapo, así que el interrogado olió sangre e hincó el diente. Cuando Madrigal le preguntó por un corte en la A-7 durante una huelga de estudiantes, al tratarse, justificó la fiscal, de una infraestructura “de su competencia”, el exconseller le replicó: “Ojalá, es lo que queremos”, recordándole que la competencia sobre la autopista es del gobierno central.

Rull se dedicó a hurgar tanto como pudo en las imprecisiones, las confusiones y hasta las manipulaciones de la que fue fiscal general del Estado, hasta el punto de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, tan tibio a la hora de acotar las respuestas de los acusados, tuvo que reconvenirle varias veces recordándole que no era él quien interrogaba al ministerio público.

Entrevista manipulada

La más sonora de esas manipulaciones fue el ensamblaje de varias frases extraídas de distintas respuestas a una entrevista de Rull a El Nacional, que fusionadas de ese modo daban la sensación de corresponder a una misma explicación y podían dar pie a interpretaciones equívocas sobre el sentido de algunas  expresiones.

Ese compendio de respuestas —o “construcción frankenstein”, en palabras del abogado de Rull, Jordi Pina— es un ejemplo palmario de los retorcimientos en los que ha incurrido hasta ahora el ministerio fiscal cada vez que ha tratado de acreditar, sin demasiada convicción, la supuesta violencia ejecutada o cuanto menos prevista, un factor necesario para sustentar la acusación de rebelión que achaca a nueve de los encausados.

En el interrogatorio en el que más ha insistido la fiscalía en ese aspecto ha sido en el del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, en relación con la masiva concentración de respuesta al registro de la sede del departamento de Economía de la Generalitat, el 20 de septiembre de 2017. Pero el fiscal Javier Zaragoza acabó enzarzándose en una discusión con el acusado sobre tuits llamado a la protesta y sobre las pegatinas, las abolladuras y las ruedas pinchadas de siete vehículos policiales estacionados en la zona. Demasiado leve todo, por el momento, para acreditar ese supuesto alzamiento violento que constituye la rebelión.

De presupuesto a factura

Las mismas dificultades ha exhibido  la fiscalía cuando ha abundado en la malversación, delito que atribuye a los nueve acusados que fueron miembros del gobierno de Carles Puigdemont. Hasta ahora, ha incidido sobre todo en unas  facturas proforma, es decir, unos presupuestos, que aparecieron en el registro a una sede de la empresa de mensajería Unipost en la que también se encontró material electoral  destinado al referéndum.

Se trata de cinco documentos que suman un millón de euros a cargo del gobierno catalán y están dirigidos a sendos departamentos de la Generalitat. Pero el caso es que no hay ninguna factura y no consta ningún pago de dinero público a la empresa, que ha negado tener ninguna cuenta pendiente con la Generalitat.

Aún así, la fiscalía se ha referido varias veces a esos borradores, de los que los exconsellers han  declarado no tener ninguna noticia, como facturas.  “Por más que repita mil veces que es una factura, no se convertirá en una factura, es un presupuesto”, le espetó Carles Mundó a Zaragoza. Como Santi Vila, Mundó apuntó a título especulativo que, por eliminación, si el referéndum no se había sufragado con dinero público, es que se había pagado con fondos privados.

Mala preparación

Comparado con todo eso, otros errores parecen menores, pero resultan significativos porque evidencian un grado de desconocimiento sobre los hechos juzgados y el contexto en que se produjeron sorprendente, y que contrasta además con lo bien aprendido que llevan su guión los procesados y sus defensores.

Por ejemplo, la confusión del fiscal Fidel Cadena con la fecha en la que Santi Vila ingresó en el gobierno Puigdemont. No fue en septiembre de 2015 (esa fue la de las elecciones), como le corrigió el mismo exconseller, sino en enero de 2016, que fue cuando se constituyó el ejecutivo. 

Las preguntas a exconsellers preguntándoles si participaron en las decisiones sobre los nuevos titulares nombrados por Puigdemont durante la crisis de gobierno de julio de 2017, que denotan que la fiscalía desconoce que el nombramiento de consellers es decisión exclusiva del presidente, o el hecho de que Sànchez tuviera que aclararle a Zaragoza que cuando se refiere a la sede del departamento de Economía y la de la Vicepresidencia de la Generalitat habla del mismo edificio, han sido otros momentos chocantes que parecen indicar una preparación impropia de la relevancia del proceso penal.

Cadena, además, se ha referido de manera reiterada a Junqueras como "el señor Oriol", como si creyera que el nombre de pila del expresident es su apellido, porque es por el apellido por el que menta al resto de acusados. Pero eso, a estas alturas, sí que es ya peccata minuta.

El desconcierto a veces se ha hecho extensivo a las intervenciones de la abogada del estado Rosa María Seoane, más breves —le toca intervenir tras el ministerio fiscal, y no repetir preguntas— y formuladas sin necesidad de incidir en la violencia, porque la abogacía no pide delitos de rebelión, sino de sedición, pero a veces tan enrevesadas que el propio Marchena ha tenido que intervenir. Durante el interrogatorio a Jordi Turull, el juez llegó a cortarla para pedirle que las aclare. “Me he perdido”, admitió Marchena. “Yo también”, replicó el acusado. Nada grave, teniendo en cuenta que la fiscalía parece haber venido perdida de casa.

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