Mariano Rajoy quiere evitar que el 1-O se acabe convirtiendo en una copia del 9N y está dispuesto a aplicar la ley. EFE

La Moncloa recurre la ley catalana que secuestra al Parlament

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Rajoy anuncia que recurrirán la reforma del reglamento del parlamento catalán ante el Tribuna Constitucional

Economía Digital

Mariano Rajoy quiere evitar que el 1-O se acabe convirtiendo en una copia del 9N y está dispuesto a aplicar la ley. EFE

Barcelona, 28 de julio de 2017 (13:12 CET)

El Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán, aprobada esta semana y que permite aprobar en un solo día las llamadas leyes de desconexión.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el Consejo de Ministros. Allí se ha analizado el informe del Consejo de Estado, que avala el recurso de inconstitucionalidad por entender que el nuevo reglamento de la cámara catalana vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad, un punto reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.

La admisión a trámite por parte del TC supondría la paralización de la reforma reglamentaria del cuerpo legislativo catalán. En el anuncio Rajoy dijo que la reforma del reglamento sólo busca aprobar las leyes “con las que pretenden liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

El jueves el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que afirmaba que había fundamentos jurídicos para presentar el recurso ante el máximo cuerpo judicial.

El Gobierno solicitó esta precisión con carácter de urgencia el miércoles, cuando el Parlament aprobó, con los votos de Junts pel sí y la CUP, una reforma del reglamento. Esta modificación permitiría a los diputados catalanes aprobar la ley del referéndum del 1 de octubre y las leyes de desconexión por medio de un procedimiento exprés, denominado ‘mecanismo de lectura única’.

La reforma busca acelerar los tiempos para las leyes de desconexión

Con esta reforma se ha buscado que las leyes no puedan someterse a un informe del Consejo de Garantías Estatutarias, algo a lo que tiene derecho la oposición. Todo está pensado para permitir un calendario apretado y convocar el referéndum con el argumento de que se hace a través de una ley aprobada por un parlamento autonómico, y que tiene, a juicio del bloque soberanista, “toda la legitimidad”.

La reforma incluye que el periodo de sesiones pueda avanzarse al 16 de agosto y no, como hasta ahora, iniciarlo el 1 de septiembre. Con ello se pretende agilizar todos los trámites para sacar adelante la ley el 6 de septiembre.

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