La alcaldesa Ada Colau intentará por tercera vez que el pleno apruebe la municipalización de servicios funerarios. /EFE
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Las funerarias desmontan el anuncio del equipo de gobierno de Ada Colau de ofrecer entierros 'low cost' a 1.800 euros

Josep Maria Casas

Economía Digital

La alcaldesa Ada Colau intentará por tercera vez que el pleno apruebe la municipalización de servicios funerarios. /EFE

Barcelona, 30 de enero de 2018 (04:55 CET)

Las funerarias desmontan los entierros low cost que promete el equipo de gobierno de Ada Colau. Desde las operadoras privadas se recuerda que las ofertas se adaptan a las necesidades de los clientes, que pueden contratar servicios completos desde 1.800 euros (con IVA incluido), tal como puso en evidencia la compañía Áltima mediante un análisis de facturas.

El concejal Eloi Badia anunció este lunes que mantienen el proyecto de crear una funeraria pública para el año 2020 y que, durante este intervalo de tiempo, ofrecerán servicios a precios reducidos de 1.800 euros. Badia aseguró que, en la actualidad, un servicio medio ronda los 5.000 euros en Barcelona.

Sobre los datos expuestos por Badia, la funeraria Áltima subraya que el Ayuntamiento continúa manejando información “a su conveniencia sin ajustarse a la realidad del mercado”. Áltima precisa que el gasto funerario medio de los servicios sin seguro es de 3.800 euros (sin IVA), en ningún caso superior a los 5.000 euros como ha indicado el concejal. Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra, coordinado por Oriol Amat, situó el año pasado el precio medio en Barcelona en unos 3.100 euros.

Las funerarias insisten en que el precio final depende de los servicios que contrate el cliente. Por tradición, los barceloneses prefieren ceremonias más pomposas y, por tanto, más caras, aunque en el mercado ya existen servicios a 1.800 euros como los que está anunciado el gobierno de Colau. Además, las funerarias privadas cubren gratuitamente los sepelios de las personas sin recursos. Precisamente en estos momentos el Ayuntamiento está negociando con los operadores los criterios de los servicios de cobertura gratuita.

Badia anunció que los entierros a precios económicos se prestarían a través de Cementiris de Barcelona, una empresa municipal que él mismo preside. Áltima advierte que incurriría en competencia desleal.

El concejal Badia preside una empresa pública con beneficios que monopoliza la cremación

Cementiris de Barcelona se encarga de la gestión de los cementerios municipales. Además, no sólo continuará prestando en régimen de monopolio los servicios de cremación, sino que también planea ofrecer servicios funerarios hasta ahora reservados a los operadores privados.

Los precios que está publicitando el concejal Badia de 1.800 euros por entierro (aunque sin sala de velatorio) están por debajo de los costes reales, hecho que supone una “práctica de competencia desleal”, según Áltima.

Badia anuncia la intención de prestar servicios funerarios desde Cementiris de Barcelona aunque aparca el proyecto de construir un tanatorio público hasta 2020. Este es un plazo de tiempo muy inferior al que necesitaría cualquier funeraria privada para conseguir las autorizaciones para operar en Barcelona.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) alertó en su momento de los posibles riegos de una funeraria pública por lo que respecta a la competencia. Un operador público y uno privado no juegan con las mismas cartas.

Colau negocia por tercera vez llevar al pleno la municipalización de servicios funerarios

Badia está negociando con ERC, PSC, CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy la aprobación de un paquete funerario en el próximo pleno del mes de febrero. Este paquete incluiría el inicio de trámites para crear una funeraria pública (aunque no se pondría en marcha antes del 2020), la puesta en marcha de los servicios funerarios más económicos y la venta del 15% de la participación que en ayuntamiento posee del operador Serveis Funeraris de Barcelona (el 85% restante pertenece a Mémora).

El gobierno de Colau intentó llevar el proyecto de la funeraria pública a los plenos de abril y de noviembre del año pasado, pero hizo marcha atrás por la falta de apoyos políticos. Ahora lo intentará por tercera vez.

Antes de tirar adelante con la funeraria pública, el Ayuntamiento estaría obligado a desprenderse de este 15%. En caso contrario, estaría en el consejo de administración de dos empresas (Serveis Funeraris y Cementiris de Barcelona) que se harían la competencia.

Badia ha dejado muchos interrogantes abiertos. No ha aclarado el importe de las inversiones previstas. Además, sobre la posibilidad de contratar salas a terceros, no existe ninguna regulación al respecto.

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