Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet. / EFE

Los beneficiados del mayor pelotazo urbanístico que se trama en España

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Empresas salpicadas por el caso Pujol y otras vinculadas con Laporta y Gay de Montellà son algunos de los beneficiados por un plan de 26 rascacielos

Madrid, 18 de julio de 2017 (05:55 CET)

De suelo rústico donde se cultivan alcachofas a rascacielos de 26 plantas para turistas. El mayor pelotazo tramado después de la crisis avanza en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a paso firme a pesar del rechazo de los partidos políticos, la autoridad metropolitana y el Parlament de Cataluña.

Los terrenos afectados por el nuevo plan de desarrollo darán, a golpe de recalificación, los derechos urbanísticos para participar en la construcción de hoteles, campus y oficinas. Ni una sola vivienda oficial, en el proyecto diseñado por la alcaldesa socialista Núria Marín y avalado por la Generalitat convergente (Esquerra ha anunciado que boicoteará el plan si llega a gobernar).

Uno de los mayores terrenos del nuevo plan urbanístico, la conocida masía de Can Trabal, pertenece a la empresa inmobiliaria Focio SL, que compró los derechos y los ha ido renovando de forma sistemática.

Focio, una empresa prácticamente desconocida, es una de las inmobiliarias salpicadas por una de las tramas del clan Pujol. El suegro del primogénito de los Pujol, Ramón Gironés, exigió a la inmobiliaria el 3% por la venta de una finca en L’Hospitalet.

Los propietarios de la inmobiliaria reconocieron a la policía que investigó el caso que finalmente tuvieron que pagar el 1% por una supuesta labor de intermediación que se había realizado en la operación de compra-venta.

Aunque aseguraron desconocer que había habido intermediación de los Pujol, accedieron a pagar la comisión a Copisa, según publicó Vozpopuli en julio de 2014.

Laporta y sus socios

Hakerson, una sociedad que compró 25.000 metros cuadrados hace 14 años en la zona, está participada por el ex director del FC Barcelona, Joan Laporta, y su hermano, Xavier Laporta, el exconcejal de urbanismo de Sant Cugat, Joan Franquesa, la inmobiliaria Godall, propiedad de Alfons Godall (que también fue vicepresidente del Barcelona), y la esposa del exconsejero de Territorio y actual asesor de KPMG, Lluís Recoder, Anna Maria Lloveras.

Los inversores son señalados por los políticos locales como uno de los principales beneficiarios del proyecto urbanístico, pero los directivos han asegurado que cuando adquirieron los terrenos, en 2014, no tenían idea de la futura recalificación que dispararía los precios de los terrenos.

La herencia de los Güell

Otras de las fincas beneficiadas pertenecen a la histórica familia de Eusebi, Juan y María Luisa Güell, pero en 2004, el mismo año en el que entra Hakerson a comprar terrenos, dos inmobiliarias, Castmor y Luidán. Las inmobiliarias fueron prorrogando, año tras año, su derecho de opción a compra durante, al menos una década.

La primera participa en la gestión de inmuebles en el ensanche barcelonés y se ha dedicado a la construcción de viviendas en la comarca del Maresme (norte de Barcelona), mientras que la segunda está presidida por Daniel Ferrer, vinculado con constructoras y con un despacho de arquitectura que lleva su nombre.

Conexión con el presidente de la patronal

Aldimor 99, con dos fincas que suman unos 20.000 metros cuadrados, pertenece a una red empresarial que incluye a la sociedad Rogayo SL, participada, según los datos del Registro Mercantil, por Joaquín Gay de Montellà Ferrer-Vidal, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, y Luis Goytisolo Gay.

Otra de las fincas afectadas, con 144.000 metros cuadrados, Plaró SL, está administrada por Pablo Camprubí Garrido, dueños de Campubí abogados y que es administrador de varias empresas inmobiliarias.

Camprubí, ahora dedicado a demandar a los bancos por productos financieros tóxicos, participó en la reforma de los alrededores del mercado de Santa Caterina, en Barcelona, donde representó a firmas inmobiliarias que participaron en la operación inmobiliaria que desplazó vecinos, generó ocupaciones ilegales y conflictos sociales en la década pasada.

Además de las administraciones públicas, como Ayuntamiento, Seguridad Social, Ministerio de Fomento y la Agencia Catalana del Agua, estos son el resto de propietarios que se beneficiarán con las recalificaciones:

Sector 1:

Galp Energía (ha presentado objeciones al plan)

Urbanizaciones y Transportes SA

SPM Transports de Barcelona

Aldimor 99 SL

Josefa Puig Parellada, José Ayala Puig

María Angeles Malet, Lluc Casas Mañé

Teresa Cardús Elías

María Teresa Bonastre Fabregat

José Rovira Sebastià

Mercedes Solà / Ma Teresa Pont

Real Canal de la Infanta de Borbón

Sector 2:

Eusebi Guell y familia

Aldimor 99

Hackerson

José y Rosa María Colomé

Plaró SA

Sector 3:

Focio SL 

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