Los CDR asedian sedes de la Generalitat

Militantes de los Comités de Defensa de la República asedian las consejerías de Trabajo y de Salud al grito de independencia

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Tras sabotear peajes y cortar vías de tren y carreteras, el sector más radical del independentismo ahora también asalta edificios oficiales. Activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) asedian este viernes desde primera hora de la mañana las sedes de la consejerías de Trabajo y de Salud de la Generalitat de Cataluña. Los grupos radicales han colgado en Twitter imágenes de la acción, acompañadas de la advertencia: «Las instituciones son nuestras».

En la Consejería de Trabajo medio centenar de militantes de los CDR se ha instalado en el hall del edificio, ubicado en en el paseo Taulat de Barcelona, y ha desplegado una pancarta con el lema «Per una república del treball digne per a totes» («Por una república del trabajo digno para todas»). Los Mossos d’Esquadra se han personado en el edificio, mientras que la Consejería asegura que tolerará la acción siempre que no se altere el orden, según El Nacional.

Con menor asistencia de activistas, los CDR no han logrado acceder a la Consejería de Salud, en la Travessera de les Corts de Barcelona, y se han limitado a leer un manifiesto en el exterior del edificio, mientras realizan llamamientos en las redes sociales para que acudan más manifestantes. Los miembros de la célula que ha participado en el asedio al departamento dirigido por el republicano Chakir El Homrani han reclamado la «independencia efectiva ya».

En las consignas lanzadas a través de las redes sociales, los grupos independentistas radicales, próximos a la CUP, aseguran que «sin desobediencia no hay independencia». «Si nosotros desobedecemos desde la calle, vosotros desobedeced desde el Govern. Basta de excusas, basta de renuncias», reclaman.

La Audiencia Nacional (AN) ordenó en abril la detención de Tamara Carrasco, supuesta cabecilla de los CDR, y la fiscalía la acusó de delitos de rebelión y terrorismo.  En una grabación de una conversación telefónica se escuchaba cómo la activista planeaba cortes de autopistas y sabotajes vertiendo aceite en la autopista y paja a la que prenderían fuego. Una semana después, el juez Diego de Egea rebajó la acusación al delito de desórdenes públicos, en una resolución confirmada después por la AN.

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