Los economistas avalan que se acabe con la maraña fiscal autonómica

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COMISIÓN LAGARES

Valentí Pich, y Joan B. Casas./EP

17 de marzo de 2014 (21:52 CET)

Un golpe más a las autonomías. Una pérdida de capacidad para poder legislar los propios tributos autonómicos. Una muestra de centralización inadmisible. Los gobiernos autonómicos, especialmente el de la Generalitat de Catalunya, han reaccionado con frialdad en el mejor de los casos ante la reforma fiscal de la llamada Comisión Lagares, y que será la base para la actuación del Gobierno. En cambio, los economistas españoles avalan esa reforma, al entender que se podría acabar con una maraña fiscal, “muy farragosa”.

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich, constata que el informe que el Gobierno encargó a un grupo de expertos para abordar la reforma fiscal es “sensato, razonable y sin cambios revolucionarios". Es esa una visión técnica del esquema tributario actual, aunque los economistas dejan la letra pequeña a los políticos, para que transformen los principios en leyes.

La cuestión es que la proliferación de leyes autonómicas ha llevado a una situación muy compleja. aunque es labor de los políticos tomar decisiones y plasmarlo en leyes.

Poca transparecencia


De hecho, que se debía cambiar ese esquema es algo que todos los profesionales del sector tenían claro. Así, en la presentación este lunes en Barcelona del estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2014, elaborado por el Reaf --órgano del Consejo de Colegios de Economistas de España--, tanto la agrupación española como el Col·legi d'Economistes de Catalunya, han coincidido en que el sistema tributario actual no tiene coherencia interna, es complejo y poco transparente, y los ciudadanos no son capaces de ver dónde va su dinero.

Pich asegura a Economia Digital que se debe distinguir muy bien entre “fiscalidad y financiación de las comunidades”, y que, respecto a la financiación uno de los grandes problemas que deberá abordar ahora el Gobierno central es dotar a los gobiernos autonómicos de “verdadera corresponsabilidad fiscal”. Pero mantener el actual sistema no garantiza ninguno de los objetivos, ni ese, ni la transparencia en todo el territorio español.

La armonización fiscal de Castells


Pero, ¿se trata de una recentralización? La paradoja es que el Gobierno catalán pidió en el pasado más reciente que hubiera una cierta armonización fiscal, para que las autonomías no pudieran competir a la baja en la eliminación de tributos. En diciembre de 2006, y cuando ya estaba vigente el actual Estatut, el ex conseller de Economia, Antoni Castells, reclamaba una armonización fiscal en el impuesto de Sucesiones con “unos tipos mínimos a partir de los cuales cada autonomía tuviera plena libertad de actuación”, con el objetivo de evitar “una competencia dañina”.

Lo hacía en una entrevista en Expansión en la reclamaba al Gobierno central que actuara: “El Gobierno debería evitar una carrera desbocada de las autonomías por eliminar impuestos”. Ahora, ocho años después, del Gobierno central, de otro color al de 2006, propone esa armonización “civilizadora” que proponía Castells, estableciendo mínimos en los distintos tributos por parte estatal.

Poca efectividad de los tributos propios

Por ello, por esa cierta racionalidad en materia fiscal, los economistas españoles han avalado la reforma. Pich quiso precisar al asegurar que hay "mucho ruido y pocas nueces" en la fiscalidad autonómica, porque pese a existir 70 tributos propios autonómicos en España, sólo suponen alrededor del 3% de los ingresos autonómicos en términos de recaudación.

La visión catalana la ofreció el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan B.Casas, al incidir en que las comunidades autónomas no crean impuestos porque sí, sino porque los necesitan para cuadrar el presupuesto y financiarse. Por ello, Casas reclamó que la reforma se acompañe de “una compensación" por los ingresos que dejarán de llegar a las autonomías si se eliminan o bajan impuestos.

Fiscalidad catalana


El caso de Catalunya es especialmente grave en materia fiscal. Los economistas señalan que es perjudicial tener tipos muy elevados en comparación con otras autonomías y países del entorno como el 56% que alcanza un tramo del IRPF y el 10% del impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Esos tipos, además, no se traducen en mayor recaudación en comparación con otras autonomías con menor presión fiscal, como es el caso de Madrid, según Valentí Pich.

La Generalitat de Catalunya ha atacado al Gobierno central, al entender que se quedará sin la posibilidad de crear tributos propios. El informe de la Reaf, sin embargo, puntualiza: “La recaudación por tributos propios significa un bajo porcentaje de los ingresos tributarios de las autonomías, el 1,6% en 2011, y en algunos de estos tributos no se recauda ni lo que cuesta gestionarlos”.

Y concluye, entre otras consideraciones: “La forma de legislar, naturalmente, difiere en cada comunidad, pero, en general, esta normativa adolece de los siguientes defectos: es muy farragosa y se modifica muy a menudo, por lo que el contribuyente la desconoce, siendo de difícil control al tener beneficios fiscales condicionados a múltiples requisitos que, en muchos casos, se deben cumplir durante años después de aplicarlos”.

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