Los okupas ponen a Puigdemont y Colau contra las cuerdas

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El presidente de la Generalitat se queda sin el apoyo de la CUP y la alcaldesa de Barcelona pierde simpatías entre los sectores radicales por los altercados del barrio de Gracia

Imagen de la policía en el barrio de Gracia durante los altercados de los últimos días / EFE

Barcelona, 25 de mayo de 2016 (13:10 CET)

El desalojo judicial de un centro okupa del barrio de Gracia ha puesto en jaque tanto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El presidente Carles Puigdemoent y su vicepresidente económico, Oriol Junquerasnecesitan como agua de mayo el apoyo de la CUP para aprobar los presupuestos del próximo año, pero los anticapitalistas se niegan a negociar las cuentas, incluso a reunirse con los representantes de Junts pel Sí, porque centran toda su atención en la carga policial del lunes en Gracia.

Esta operación policial, efectuada por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, también está poniendo en dificultades crecientes a la alcaldesa Ada Colau, procedente de los movimientos de lucha por la vivienda, que está viendo como pierde simpatías entre estos sectores.

El desalojo policial acabó con duros altercados callejeros

El lunes, los agentes ejecutaron una orden judicial dictada en noviembre pasado: el desalojo del llamado Banco Expropiado, una vieja oficina bancaria de Caixa Tarragona que los okupas convirtieron hace cuatro años en un activo centro social del barrio. Los okupas se refugiaron en la cámara acorazada y el desalojo provocó graves altercados callejeros.

A consecuencia de estos incidentes, la CUP abandonó la negociación de los presupuestos de la Generalitat, ni siquiera se presentó a la reunión con los representantes de Junts pel Sí porque toda su atención estaba centrada en la carga policial de Gracia.

La CUP todavía tensa más la cueda

Con esta actitud, la formación anticapitalista todavía tensa más la cuerda de la negociación con el gobierno de Puigdemont después que el pasado domingo acordara, en una asamblea, "librarse" del acuerdo de estabilidad que firmaron enero pasado con Junts pel Sí.

Pese a las advertencias de la CUP, en Junts pel Sí siguen exhibiendo optimismo respecto a la aprobación de los presupuestos. El republicano Roger Torrent, portavoz adjunto del grupo parlamentario, repite sin cesar que está convencido de que "tendremos presupuestos". El propio vicepresidente económico, Oriol Junqueras, en la presentación de las cuentas, se mostró confiado en que habrá acuerdo.

Todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos, excepto la CUP, precisamente porque en estos días solo está pendiente del conflicto ocupa de Gracia.

Los anticapitalistas no muerden el anzuelo

Oriol Junqueras presentó unas cuentas para seducirles, con un incremento de 875 millones de euros en gasto social, pero la CUP, de momento, no ha mordido el anzuelo. No le hace ni caso.

El conflicto ocupa también ha estallado en los despachos de la alcaldesa Ada Colau. Su antecesor, el convergente Xavier Trias, procuró tener la situación del Banco Expropiado bajo control. Incluso pagó el alquiler del local, pero su sucesora dejó de abonarlo, de acuerdo con sus ocupantes, que no se encontraban cómodos con esta situación. No obstante, ahora han perdido su centro social.

Colau siembra dudas entre sus propios seguidores

El grupo municipal de la CUP ha abierto otro frente contra Colau, pero la preocupación de la alcaldesa es la repercusión que los incidentes de Gracia pueden provocar entre sus propias filas y, concretamente, cómo justificarla ante sus electores.

Además, la Guardia Urbana está provocando múltiples quebraderos de cabeza a la alcaldesa. El intendente mayor del cuerpo, Evelio Vázquez, reconoce públicamente que han pedido una investigación sobre el tercer teniente de alcalde, Jordi Asens.

Según avanzó El País, Asens supuestamente presionó a la abogada de un agente herido por un mantero para que no pidiese la prisión provisional sin fianza. Definitivamente, Colau tiene un problema con los ocupas y los manteros.
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