Mas o Junqueras deberán 'encontrar' 3.000 millones para 2015

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FINANZAS PÚBLICAS

 Oriol Junqueras y Artur Mas, en el Parlament./EFE/Toni Albir

21 de octubre de 2014 (22:41 CET)

Londres. Cámara de los Comunes, en la sala Boothroyd Room de Portcullis House. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell pronuncia este miércoles en uno de los santuarios de la democracia parlamentaria liberal una conferencia sobre los “acontecimientos políticos y económicos en Cataluña”.

Explicará lo que ya cuenta en Barcelona. Pero acuciado por la situación de la Generalitat. A finales de noviembre la situación puede ser insostenible, con las ya asumidas “tensiones de liquidez”, al margen del debate político centrado en la consulta soberanista y en el posible adelanto de las elecciones.

No hay dinero en las arcas catalanas. El déficit público del 1% se incumplirá, y no se prevé que el Govern pueda aprobar unos nuevos presupuestos para 2015. El President Artur Mas no tiene un socio claro, tras el anuncio de Oriol Junqueras, el presidente de ERC, de no apoyar más unos presupuestos “autonómicos”.

Dinero hasta el verano de 2015

La única opción será la de prorrogar las cuentas de 2014, y esperar, con una gran incertidumbre, lo que pueda ocurrir en 2015, en función de si Mas adelanta o no las elecciones, o negocia con otros grupos parlamentarios.

El hecho es que Mas o Junqueras, en función de quien siga en la Generalitat y de si hay elecciones, deberán 'encontrar' cerca de 3.000 millones para ajustar las cuentas, con recursos que no llegarían al verano de 2015.

Es decir, deberán o bien incrementar los ingresos, o asumir un recorte enorme que pondría en cuestión todas las costuras del estado de bienestar en Cataluña.

El Gobierno español entra en la guerra


La situación es desesperada, pero la situación política también lo es. Y el Govern tiene claro que, tras el 9 de noviembre, presentará unos presupuestos “políticos” con reclamaciones al Gobierno español para alcanzar esos 3.000 millones, como la petición de los rendimientos de los aumentos del IVA; los anticipos del sistema de financiación del 102% o del 105%, y no del actual 98%; la reclamación de la 'deuda histórica', por la disposición adicional tercera del Estatut; o la exigencia de la compensación por el impuesto a los depósitos bancarios.

Todo ello debería sumar esos 3.000 millones que faltan y cuadrar el presupuesto.

Las dificultades vienen derivadas por diferentes aspectos. Uno de ellos es que el objetivo de déficit pasará del 1% de 2014 al 0,7%. Eso supone unos 600 millones de euros.

Pero el problema importante llegará por la necesidad de financiar, de nuevo, el desfase que se pueda alcanzar a finales de 2014 al sobrepasar ese 1% de déficit, y, principalmente, por las rebajas en las transferencias por parte del Gobierno español, que también está jugando, según fuentes del Govern, y de expertos en las finanzas públicas, una guerra política.

Sin más ventas de edificios

La Generalitat está ahogada, y se encuenta inmersa en una batalla cruenta, con la apuesta soberanista del President Mas, con la consulta del 9N y la negociación con los partidos pro consulta, especialmente Esquerra, para alcanzar una candidatura conjunta en unas elecciones autonómicas que actuarían como un referéndum sobre la independencia.

Para 2015, el Govern ha fijado como gasto no financiero y no finalista (sin el pago de la refinanciación de la deuda y las partidas para el funcionamiento de los departamentos) unos 23.000 millones, sólo 500 más que en 2014, incluyendo la recuperación de la paga extra de los funcionarios. Pero los ingresos suman unos 19.700 millones.

El problema, además, para el próximo año, es que el Govern no podrá recurrir a más ventas de edificios públicos.

Cerrar el ejercicio de 2014 puede resultar terrible. En el presupuesto, que pactaron CiU y ERC, se fijaron 2.318 millones de ingresos, para cuadrar las cuentas, que no aparecen. La previsión fue que se alcanzaran con la venta de edificios y privatizaciones. Pero sólo ha podido comprometer unos 1.200, y de ellos, 800 millones están en el aire, por el traspaso al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de la gestión de las depuradoras, cuya titulación está paralizada por alcaldes socialistas.

Asfixia a las autonomías

La cuestión es que el Gobierno español quiere jugar esa carta del ahogo financiero con toda la dureza que sea posible. Lo hace con el resto de autonomías, y, en especial, con la Generalitat de Catalunya.

Los aumentos en la recaudación no beneficiarán a las comunidades autónomas, que son las que prestan todos los servicios del estado bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Los investigadores de Fedea, --el think tank que impulsaron las grandes empresas del Ibex-- Ignacio Conde-Ruiz, y Juan Rubio-Ramírez, aseguran que el Estado se queda con casi todo el aumento de los ingresos tributarios.

Aumentarán para la administración central en 9.000 millones de euros, mientras que para las comunidades el aumento será de 1.000 millones. Los dos profesores, de la Complutense y de la Universidad de Duke, respectivamente, aseguraban en un artículo en El País que se trata de una estrategia para “asfixiar a las autonomías”.

Con esa política, han provocado que entre 2010 y 2012 el gasto en educación se haya reducido –por parte de las autonomías-- en un 11%, y el gasto en sanidad en un 9%.

Dinero por un lado, sustracción por el otro

Andreu Mas-Colell no ha tenido empacho en admitir que el Fondo de Liquidez Autonómica, (FLA), ha permitido financiar la deuda de la Generalitat, con un tipo de interés razonable, del 1% ahora. Y señaló en una reciente conferencia en Girona que el ahorro, gracias a la bajada de los tipos de interés de la deuda del Reino de España, ha sido de 450 millones de euros.

Pero, cuando se fijan las transferencias del Estado para 2015 la Generalitat comprueba que alcanza una cifra de 15.381 millones, que supone 400 millones menos que en 2013, “año de recesión”. Según Mas-Colell, “lo que ganamos por un lado, nos lo expropian por otro”.

El dilema ahora que el Govern de la Generalitat se plantea es si esa situación cambiaría si la posición política fuera distinta. Mas y Junqueras deberán dilucidarlo. O algún otro socio parlamentario.

Pero también pueden considerar, y es lo es más visible en estos momentos, una guerra abierta.


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