Mas pagará hasta 1.600 euros a agencias de colocación de parados

La Generalitat aprueba la medida que cubrirá con 3,5 millones procedentes de los presupuestos del Estado

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El gobierno catalán pagará entre 725 y 1.600 euros a las agencias privadas que le ayuden a emplear a determinados colectivos. Catalunya, con 570.214 ciudadanos en la cola del antiguo inem, según los últimos datos, ha recurrido a la colaboración público privada justo después de rechazar el modelo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por considerar que invadía competencias.

El ejecutivo de Artur Mas (CiU), pese a oponerse al proyecto estatal, ha conseguido que el gobierno central le traspase los 3,5 millones procedentes de los presupuestos generales para cubrir este tipo de subvenciones.

Los primeros cálculos apuntan que las agencias podrían atender a unos 10.000 ciudadanos. Pero para recibir el cash, se comprometen a ofrecer puestos de trabajo por un periodo mínimo de seis meses.

Parados de entre 30 y 45 años

Así, la medida estará destinada a personas mayores de 45 años que lleven más de medio año inscritas, ininterrumpidamente, en las listas del SOC. Si la agencia les consigue un contrato de entre seis y 12 meses, la Generalitat les abonará 725 euros. En caso de que supere el año, la retribución ascendería a los 900 euros.

La bonificación por introducir en el mercado laboral a ciudadanos de entre 30 y 45 años que estén en el paro desde hace más de año y medio será de 900 euros.

Personas con discapacidad

La medida también incluye a jóvenes menores de 25 años que tengan especiales dificultades para encontrar trabajo. En este caso, si consiguen un empleo de seis meses o más, percibirán 900 euros, además de 40 euros por la entrevista inicial.

Por último, el SOC colaborará con las agencias privadas que consigan un empleo a personas con discapacidad. En este caso, las agencias cobrarán la máxima retribución: 1.600 euros más 80 euros por la entrevista.

Controladas por el SOC

Con todo, el departamento de Empresa y Empleo que dirige Felip Puig ha subrayado que la Generalitat mantiene el carácter público de la intermediación laboral y que “exigirá autorización administrativa a las agencias, que serán sometidos al control del SOC”.

Economía Digital

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