El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, protagonista de la amnistía fiscal que aprobó el PP, reprobado por el Congreso, también por Rivera. EFE/Mariscal

Montoro convertirá a 250.000 interinos en funcionarios

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Cristóbal Montoro, el titular de Hacienda, firma un acuerdo de 67.000 plazas nuevas de empleo público sin cerrar los presupuestos generales

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El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, protagonista de la amnistía fiscal que aprobó el PP, reprobado por el Congreso, también por Rivera. EFE/Mariscal

Barcelona, 29 de marzo de 2017 (19:00 CET)

La Oferta de Empleo Público (OEP) de este año promete. El ministerio de Hacienda ha firmado con los sindicatos un acuerdo en el que contempla 67.000 plazas nuevas para 2017 y la conversión de 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años. El objetivo de este último punto es reducir la temporalidad en las administraciones del 25% actual al 8%.

El proyecto peligra debido a la posición minoritaria del Gobierno en la cámara baja. Al igual que ocurriese con la estiba o la ley de seguridad ciudadana, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podrían no aprobarse en los términos que desea el Ejecutivo. Por el momento,  este viernes se aprobará un real decreto-ley para que las autonomías puedan convocar una oferta específica en el área de educación. De esta forma, las regiones podrán contar con el personal estimado en el próximo curso escolar.

La posición minoritaria del Gobierno pone en peligro el acuerdo alcanzado para la oferta de empleo público

En términos generales, el acuerdo persigue cubrir todas las bajas por jubilaciones en áreas prioritarias. El pacto, que sería el primero desde 2009, repartirá las plazas en las áreas de sanidad, docencia y administración de justicia.

Del mismo modo, el ministerio ha concretado que la propuesta se dirigirá a nivel territorial en tres direcciones: la Administración General del Estado (19.000), las comunidades autónomas (28.144) y las entidades locales (20.000).

A la reunión han asistido miembros del CSIF, el Área Pública de CCOO y la Federación de Servicios Públicos de UGT. También han estado presentes representantes de las comunidades autónomas y la FEMP

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