Núñez y CiU siguen a la greña en Sant Cugat 14 años después

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INMOBILIARIO

28 de mayo de 2012 (20:11 CET)

El enfrentamiento entre el Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), controlado por la federación nacionalista de CiU desde el siglo pasado, y el grupo empresarial Núñez y Navarro (NyN), propiedad de la familia del ex presidente del F.C. Barcelona, José Luis Núñez, es total a cuenta de la inversión inmobiliaria que este último tiene en una zona del municipio conocida como la finca de Torre Negra.

La decisión del consistorio de prohibir la edificación en esa zona, con la excusa de tratarse de una zona verde protegida, no resulta consecuente con otras actuaciones urbanísticas, a juicio del promotor inmobiliario. Núñez y sus asesores se quejan de que el consistorio ha dado multitud de permisos de edificación en otras zonas similares del municipio, donde se ha producido un crecimiento muy acelerado y se han construido más de 14.000 viviendas.

La defensa de Torre Negra se ha convertido en una herramienta política que ha calado en el imaginario colectivo local y le ha dado al anterior alcalde y dirigente de CiU, Lluís Recoder, una productiva imagen (en votos) de defensor del medio ambiente que no se ajusta con la realidad urbanística municipal, en opinión de los afectados.

Recoder ha dado permisos de construcción en zonas colindantes con Torre Negra, como por ejemplo Creapolis de Esade, y en otras partes de la corona de transición de la ciudad, que han hecho desaparecer antiguas zonas forestales y de cultivo.

La historia del conflicto

El origen del conflicto se remonta a 1986 cuando el grupo inmobiliario catalán compró, a través de la sociedad Mont SA, gran parte de esa zona (el 56% del total de la superficie de 165 hectáreas) que inicialmente estaba calificada como zona de “suelo urbanizable programado”. Posteriormente, el ayuntamiento de Recoder (actualmente consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat) procedió a una modificación (desprogramación) para decidir los usos urbanísticos de esa zona.

La Ley del Suelo de Aznar, en 1998, procedió a eliminar las categorías ‘suelo programado y desprogramado’ lo cual facultaba a sus propietarios a poner en marcha procesos de planificación y desarrollo en sus propiedades dentro de los márgenes que permitía la ley.

En ese contexto, NyN, solicitó a la corporación local la elaboración de un programa de actuación urbanística (PAU) de Torre Negra. El consistorio denegó su tramitación, una decisión recurrida ante la Justicia. Finalmente, el Tribunal Supremo condenó al consistorio a tramitar el plan urbanístico, una sentencia que el ayuntamiento no ha ejecutado.

Juicio tras juicio

Con ese enfrentamiento latente fueron produciéndose una serie de decisiones municipales contrarias a los intereses de los propietarios particulares afectados que ante la previsible lesión de sus derechos recurren a la justicia para restituirlos. Los jueces se pronuncian, uno tras otro, en contra de las actuaciones municipales.

Hasta una decena de juicos se han interpuesto por las partes. Toda sentencia condenatoria ha sido recurrida por la administración local ante instancias superiores para demorar la toma de la decisión. Ardides procesales para no reconocer ante los ciudadanos de Sant Cugat lo que los propietarios de los terrenos consideran un erróneo proceder.

Los afectados

La propiedad está distribuida entre unas 60 personas, la mayor parte de ellas con estrechos vínculos en el municipio. Su pretensión es ceder gratuitamente la mayor parte del espacio (el 83,23%) al ayuntamiento para que cree un parque forestal de uso y disfrute de los ciudadanos a cambio de un derecho de edificación en el 16,77% del territorio restante, la zona más degradada, donde existe capacidad para construir unas 2.500 viviendas.

En medios empresariales sorprende la cerrazón del consistorio, que gasta recursos públicos en defender una posición urbanística que desde múltiples instancias jurídicas se le reprocha. La última de las cargas de profundidad recibida por el ayuntamiento vallesano es la del Síndic de Greuges de Catalunya (el defensor del pueblo catalán). Al analizar el conflicto ha detectado prácticas administrativas que causan indefensión en los particulares, censura el “obstruccionismo” municipal y le conmina a cambiar su actitud.

Junto a los dos actores principales del conflicto judicial, entre los ciudadanos de la villa destaca una plataforma cívica relacionada con organizaciones ecologistas que llegó a recoger 10.000 firmas (Sant Cugat tiene cerca de 85.000 habitantes) para preservar el entorno.

Distanciamiento político


Fuentes políticas atribuyen el enquistamiento del enfrentamiento a la mala relación histórica entre el propio Núñez y la cúpula de CiU que se remonta a los años en los que el promotor inmobiliario presidía el Barça e impidió en varias ocasiones que personas vinculadas a la formación nacionalista ocuparan cargos en la junta directiva.

Núñez fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona en julio pasado a seis años de prisión por cohecho activo y falsedad documental en el caso de fraude de los inspectores de Hacienda. El fallo está recurrido ante el Tribunal Supremo.
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