Ofensiva del Gobierno contra las «embajadas» de Quim Torra
La Abogacía del Estado reclama medidas cautelares al Tribunal Superior de Cataluña contra las "embajadas" de la Generalitat en Londres, Berlín y Suiza
El aparato paradiplomático de Quim Torra vuelve a estar en riesgo. La Abogacía del Estado ha presentado este martes un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pide que se ordenen medidas cautelares contra las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
De esta forma, la Abogacía del Estado, que dirige la abogada general Consuelo Castro, reclama el cierre inmediato de tres delegaciones de la Generalitat por vía judicial. Se trata de las sedes en Berlín, Londres y Suiza. Entienden que se dedican a la difusión del ‘procés’ independentista en el extranjero.
La reclamación de la Abogacía del Estado se presentó ante la sala quinta del contencioso administrativo del TSJC. Al tratarse de una petición de medidas cautelares se espera que tome una decisión en breve.
La Abogacía del Estado actúa en representación del Gobierno español y, en este en caso en concreto, a petición del Ministerio de Exteriores de Josep Borell.
Los decretos de Torra
El pasado año, el Ministerio de Exteriores interpuso a través de la Abogacía del estado un recurso contra el decreto de la Generalitat por el que se creaban las delegaciones de Berlín, Londres y Ginebra, así como las de Estados Unidos, Francia e Italia. Sin embargo, las medidas cautelares inciden especialmente en las tres primeras.
El ministro Borrell considera que las llamadas embajadas de la Generalitat persiguen un fin inconstitucional: en el caso de Berlín, Londres y Ginebra, constatan que responden con “singular intensidad” a los objetivos del secesionismo en Cataluña.
Entienden que persiguen un fon inconstitucional como es la “creación de una estructura de Estado” al servicio del secesionismo.
El Ministerio de Exteriores mantiene que estas delegaciones invaden las competencias exclusivas del Estado.
Informe del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas constató que las delegaciones de la Generalitat en el extranjero utilizaron fondos públicos para la difusión del ‘procés‘. En total, el ejecutivo catalán desembolsó más de 27 millones de euros en las embajadas de Cataluña en otros países. Esto fue entre los años 2011 y 2017, coincidiendo con los mandatos de Artur Mas y Carles Puigdemont.
En este mismo periodo, el Diplocat o Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña gastó 15,8 millones de euros. Esta cantidad se habría dedicado principalmente en la organización de actividades que, en su mayoría (74%) tenían como objetivo «promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista«, según el Tribunal de Cuentas.
