Patronales y sindicatos se quejan de la Ley Òmnibus de Mas

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COMISIÓN PARLAMENTARIA

Artur Mas, en un acto público

13 de septiembre de 2011 (20:08 CET)

El proyecto de ley estrella del Govern de Artur Mas, la Ley Òmnibus, ha logrado un extraño consenso: las críticas generalizadas de los agentes sociales catalanes. Ni los sindicatos ni las patronales ven con buenos ojos la propuesta de la federación nacionalista. Tras un dictamen negativo pactado en el Consell de Treball, Econòmic i Social (CTES) en abril, los portavoces de todas las instituciones comparecerán a lo largo de la mañana ante los parlamentarios catalanes para poner encima de la mesa sus valoraciones del proyecto.

En el documento del CTES ya criticaron la falta de un debate previo al proyecto y ahora no podrán presentar todas sus alegaciones a la vez. El Ejecutivo catalán ha programado tres sesiones distintas para tratar varios aspectos de la norma, dos que se celebrarán este miércoles y una tercera que aún no tiene fecha, tal como han reconocido los implicados. A primera hora hablarán sobre la propuesta para simplificar y agilizar los trámites administrativos para cambiar después de sala y público (pasan de la comisión de Afers Institucionals a la de Empresa i Ocupació) para pronunciarse sobre el proyecto de promoción de actividad económica.

Patronales y sindicatos coinciden en señalar que la Ley Òmnibus se hizo sin debate y con varias cuestiones muy concretas, como eliminar la posibilidad de crear comisiones territoriales en el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció o la necesidad de tener seis meses de residencia en Catalunya acreditada para ir a la sanidad pública. Pero una vez se ahonda en la legislación, las posiciones de empresarios y trabajadores son antagónicos.

Simplificar las cargas administrativas

El director del departamento de estudios económicos y fiscales de Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha explicado a Economía Digital que la propuesta convergente “avanza bastante en eliminar cargas administrativas pero no incide lo suficiente en las cargas regulativas”. En este sentido, piden ir un paso más allá. También requieren “una guía del proceso normativo” y que la futura ley “respete el principio europeo de pensar en pequeño”. Es decir, que en las futuras normas “la excepción no sean las pequeñas empresas, que estas sean mayoría”.

Con todo, Guillermo aplaude la iniciativa. “Le falta recorrido”. El portavoz del Consell General de Cambres de Catalunya, Pere Casals, ha estado reunido hasta última hora del martes para preparar su comparecencia. Igual que los representante de Pimec, Vicenç Moreno. Con todo, su valoración va en la misma línea que Foment.

Orientación empresarial

En CCOO han sacado la artillería pesada y comparecerá ante los parlamentarios su secretario general, Joan Gallego. Desde el sindicato, Alfons Labrador ha asegurado que la Òmnibus “tiene una orientación en la que priman los negocios y no los derechos sociales o la protección del medio ambiente”. Asimismo, afirma que aprovechan elementos “como la simplificación administrativa para favorecer los intereses de ciertos lobbys. Por ejemplo, el de los promotores inmobiliarios”.

También se quejan de la desaparición de la Ley de política industrial, aunque esta cuestión se abordará en la sesión que está en el tintero.

Unas apreciaciones que secundan desde UGT, aunque ellos no participarán en la sesión. El secretario de política sindical, Camil Ros, ha justificado su ausencia porque coincide con el comité nacional de la central, “el evento más importante entre congresos”. Comenta que desde la Generalitat les convocaron el pasado viernes y no tenían tiempo de cambiar la fecha del evento.
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