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El Pdecat y ERC exhiben distanciamiento por el tratamiento de los casos de corrupción

Josep Maria Casas

Economía Digital

Fèlix Millet se dirige al juicio. El fiscal le ha reducido la pena solicitada hasta los catorce años y nueve meses. / EFE

Barcelona, 17 de mayo de 2017 (17:56 CET)

Al caso Palau se le debe llamar caso Convergència. Este miércoles se han producido tres hechos, casi simultáneos, que retratan a los convergentes, ahora encuadrados en el Pdecat: el primero, el parlamento catalán acordó instar a la Generalitat a presentar acusación contra CDC; el segundo, el abogado del consorcio del Palau de la Música, presidido por Carles Puigdemont, presentó sus conclusiones ante el tribunal, pero no inculpó al partido; y el tercero, la Fiscalía Anticorrupción elevó la pena para el extesorero convergente Daniel Osàcar y mantuvo la solicitud de decomiso de 6,6 millones de euros para CDC.

Por mucho que la dirección del nuevo Pdecat insista en que no tienen nada que ver con la antigua Convergència, la realidad demuestra todo lo contrario. En el parlamento catalán, todas las formaciones políticas, con la única excepción del Pdecat, instaron a la Generalitat a presentar acusación contra CDC. El partido de Artur Mas optó por la abstención, mientras que sus socios republicanos, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras, animaban a inculpar la vieja Convergència. Tan sólo se registraron tres votos en contra, anecdóticos, uno de ellos de Germà Bel, un exsocialista que ahora figura como independiente en Junts pel Sí.

El Pdecat se quedó sólo. Lo abandonaron sus socios de ERC e, incluso, los diputados de Demòcrates, la escisión independentista de la desaparecida Unió. La votación parlamentaria deja a las claras su aislamiento, aunque ha servido de bien poco. Precisamente en el momento en que se estaba votando en el parlamento, en la Ciudad Judicial, donde se celebra el juicio del caso Palau, las acusaciones y las defensas presentaban sus escritos de acusación.

Un favor a Artur Mas

Tal como reveló este diario, el abogado del consorcio, Francesc Claverol, tenía a mano dos escritos: en uno inculpaba a CDC y en el otro, no. Presentó este último. El pasado viernes, la junta del consorcio decidió que el abogado no formularia acusaciones contra el partido que lideró Mas. Apoyaron esta tesis los tres representantes de la Generalitat y los dos de la Fundación del Palau de la Música, incluida su presidenta, Mariona Carulla. Los dos representantes del Ministerio de Cultura, que podían haber equilibrado el resultado, no asistieron ni delegaron su voto. Así, hicieron un favor a Mas.

Un portavoz ministerial aseguró que no habían acudido a la reunión del consorcio del Palau de la Música porque en el orden del día no se mencionaba ninguna votación sobre la posición en el juicio. El ministro Íñigo Méndez de Vigo insistió este miércoles en el mismo argumento y en que este asunto se trata de “una guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona (partidario de la acusación) y la Generalitat, y dentro de esta entre el Pdecat y ERC”.

En el parlamento catalán, el diputado socialista Jordi Terrades insinuó que los dos representantes del ministerio no habían acudido a la reunión a cambio de que el Pdecat apoyase en el Congreso de los Diputados la reforma de la estiba portuaria.

La alcaldesa Ada Colau ha forzado una nueva reunión del Consorcio del Palau de la Música para la próxima semana. Quién se ausente, quedará en evidencia.

Castigo para el extesorero

Este miércoles, en el juicio del caso Palau, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha elevado hasta los ocho años de prisión la pena solicitada para el extesorero convergente Daniel Osàcar, medio año más de lo que propuso inicialmente. También mantiene la solicitud de decomiso de 6,6 millones de euros para el partido en concepto de responsable civil a título lucrativo. Mantiene que CDC obtuvo comisiones ilegales de Ferrovial por la adjudicación de obra pública través del Palau de la Música.

En cambio, el fiscal rebaja las penas para Fèlix Millet, Jordi Montull y, especialmente, para Gemma Montull. Para esta última, exdirectora financiera del Palau, tal sólo pide tres años de cárcel, que no suponen su ingreso en prisión porque, al carecer de antecedentes, puede substituir un año por una multa. Inicialmente, la petición era de veintiséis años.

Para Jordi Montull, el fiscal pide diez años y diez meses, y para Millet, catorce años y nueve meses. Inicialmente, para los dos se habían propuesto penas de 27 años de reclusión. Se les ha aplicado la atenuante de confesión. Todos inculparon a CDC como receptora de las mordidas de Ferrovial.

Caso Palau: el Pdecat ha quedado retratado al defender en solitario los intereses de la vieja CDC

El Pdecat ha quedado retratado. No cuenta con aliados en el parlamento que le defiendan de la corrupción, aunque sigue contando con el apoyo de dirigentes empresariales, como David Madí, que forman parte del patronato de la Fundación del Palau de la Música. Estos han impedido que la fundación se sumase a la acusación contra Convergència.

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Caso Palau
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