El Gobierno anuncia el estado de alarma en Madrid

El Gobierno comunica a la Comunidad de Madrid la declaración del estado de alarma para evitar la operación salida del puente de la Hispanidad

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Pedro Sánchez no esperará a negociar con la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha anunciado este viernes la declaración del estado de alarma antes de que los madrileños se marchen de la capital de cara al festivo del 12 de octubre.

El Ejecutivo central intentó llegar este jueves a un acuerdo con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero según ha explicado la vicepresidenta Carmen Calvo, las negociaciones no tuvieron éxito.

El Gobierno regional tenía de tiempo hasta esta mañana para proponer alternativas, pero el único que se ha pronunciado al respecto ha sido el consejero de Justicia, Enrique López, para decir que la comunidad mantiene su postura de restricciones selectivas en zonas de alta incidencia, sin nuevas propuestas.

Fuentes del Ejecutivo regional han asegurado a Europa Press que Ayuso ha intentado ponerse en contacto con Sánchez para pedir una nueva negociación sobre la nueva orden que ha preparado la Consejería de Sanidad. La presidenta ha estado reunida con su equipo durante toda la mañana para proponer unas medidas correctas “desde el punto de vista sanitario y jurídico”. Pero ha llegado tarde.

La respuesta de Ayuso a Sánchez llega tarde

La llamada al presidente del Gobierno se ha producido después de las 12.00 horas, cuando estaba previsto que comenzara el Consejo de Ministros extraordinario, en el que ya se ha aprobado el cierre total de Madrid.

El Gobierno central  le planteó este jueves a Ayuso tres posibles escenarios a elegir, e incluso, «por cortesía», según ha informado Efe, accedió a retrasar el Consejo de Ministros de las 08.30 de la mañana a las 12.00 horas. Las opciones de la presidenta de Madrid eran las siguientes:

  • Que la Comunidad dictara una orden con las medidas especiales
  • Que solicitara la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno -«conjuntamente con la Comunidad de Madrid», quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión,
  • O, que el Ejecutivo sea quien tome directamente la decisión de declarar la alarma.

Pero la respuesta de Ayuso ha llegado pasado el mediodía. Ha sido entonces cuando Carmen Calvo se ha puesto en contacto con el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, para comunicarle que acababa de arrancar el Consejo de Ministros y que la presidenta de Madrid no había llamado a Sánchez.

La conversación entre ambos presidentes se ha producido posteriormente, cuando el jefe del Ejecutivo ha informado a Ayuso de que la declaración de la alarma ya era una realidad.

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado./ EFE

La Fiscalía recurrirá el rechazo del TSJM a las restricciones de Madrid

En medio del caos, la Fiscalía de Madrid ha anunciado que recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) donde dejaba sin efecto el confinamiento perimetral de diez municipios de la comunidad, según informan fuentes fiscales a EFE.

De esta forma,tiene un plazo de cinco días hábiles (hasta el próximo viernes) para interponer un recurso de reposición contra la misma Sala que rechazó ratificar las limitaciones de movilidad aprobadas la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el pasado viernes por la Consejería madrileña de Sanidad.

Dicha Sala del tribunal dejó sin efecto las medidas al considerar que son «una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare«. Es decir, que el precepto en el que se amparó la Orden del Ministerio de Sanidad -el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud- «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales».

La decisión de la Fiscalía es acorde a la posición que ha mantenido tras la entrada en vigor de las medidas; el pasado martes ya pidió al tribunal que ratificase el cierre de los municipios al considerar que se ajustaba a los criterios de proporcionalidad y necesidad y que se podía adoptar con fundamento en la legislación estatal y autonómica de sanidad.

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