De izquierda a derecha, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, Roger Loppacher; el síndic de greuges, Rafael Ribó; Quim Torra y el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jaume Amat. Todos tienen el mandato caducado.

El precio de los informes de la Sindicatura de Cuentas: 300.000 euros

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La Generalitat destinará 12 millones de euros a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para elaborar informes a los que hace oídos sordos

Josep Maria Casas

Economía Digital

De izquierda a derecha, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, Roger Loppacher; el síndic de greuges, Rafael Ribó; Quim Torra y el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jaume Amat. Todos tienen el mandato caducado.

Barcelona, 10 de febrero de 2020 (04:55 CET)

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña es el principal órgano de fiscalización de la gestión económica de la Generalitat, las empresas públicas y las corporaciones locales. Controla el dinero que gastan y como lo gastan. Sin embargo, pese al prestigio de esta institución, casi nadie le hace caso. Sus recomendaciones suelen ser incumplidas.

La Generalitat destinará este año 12 millones de euros a una institución que tiene como principal cometido la elaboración de informes de fiscalización a los que no hace caso. Y no son baratos. Si se tiene en cuenta todo el gasto de la institución, estos informes pueden costar una media de 300.000 euros.

Con frecuencia, la Sindicatura de Cuentas amonesta a las administraciones y empresas públicas por abusar de los contratos menores. Se repiten los casos en los que un mismo proveedor acumula un sinfín de contrataciones menores sin pasar por un concurso con publicidad. Así se burla la ley de contratos públicos. Además, también ponen al descubierto la mala gestión de los gobiernos de la Generalitat con el patrimonio o con sus empresas públicas.

Cuando se le preguntó por este situación en una comisión del parlamento catalán, el síndico mayor, Jaume Amat, recordó que la Sindicatura “solo habla” a través de sus informes. Se encarga de definir las posibles irregularidades, pero “no puede ir más allá” porque la ley por la que se rige la institución les prohíbe hacer de policía.

Amat precisó que cuando detectan indicios de responsabilidad contable, penal, laboral o tributaria, el pleno de la Sindicatura acuerda ponerlo en conocimiento de la fiscalía, la inspección laboral o la Agencia Tributaria. Ahí acaba su trabajo. No aportó ningún dato sobre si estás denuncias han tenido consecuencias.

La Sindicatura de Cuentas ha puesto al descubierto múltiples irregularidades. Sin embargo, las administraciones o empresas afectadas, con muchísima frecuencia, han hecho caso omiso porque las mismas deficiencias vuelven a aparecer en informes de fiscalización correspondientes a los ejercicios posteriores. Efectivamente, continúan abusando de los contratos menores.

Un caso llamativo es el de Infraestructures.cat, el gestor de obra pública de la Generalitat. El informe de la Sindicatura no detectó irregularidades relevantes. Sin embargo, con posterioridad, remitieron el informe a la Audiencia Nacional, pero eso fue después de que el juez abriera una investigación sobre esta empresa pública en relación con el caso del 3%.

Pendientes de renovación

Si la Generalitat desoye a la Sindicatura, el parlamento catalán, del que depende, tampoco le presta mucha atención pese a contar con una comisión parlamentaria para tratar sus asuntos.

Los cinco síndicos que componen el actual pleno de la institución, que es su órgano de gobierno, ejercen en funciones porque su mandato venció. Incluso su presidente, Jaume Amat, tiene el mandato caducado desde marzo de 2017.

En estos tres años, el parlamento catalán ha sido incapaz de renovar el gobierno del principal órgano de fiscalización del dinero público. Ni siquiera han designado a los sustitutos de los dos síndicos que han dimitido en este período: Andreu Morillas, que renunció voluntariamente cuando finalizó su mandato en enero de 2018; y María Ángeles Servat, que se fue en julio pasado después de que sus compañeros pidieran su cese fulminante.

Retribuciones elevadas

Los síndicos perciben una retribución bruta anual de 115.525 euros. Mucho más de los 84.845 euros brutos que cobra el presidente Pedro Sánchez o 74.858 que se lleva la mayor parte de sus ministros. En el caso del síndico mayor, también recibe un complemento de representatividad (10.582 euros anuales) y otro por formar parte de la comisión de gobierno de la institución (4.484) con lo que se va a los 130.600 euros brutos anuales.

Además, los síndicos tienen derecho a retribuciones en especie. Concretamente, a una plaza de aparcamiento c cerca de su puesto de trabajo y de un seguro de vida, del que no se especifica el importe.

En el proyecto de presupuestos para este 2020, la Generalitat amplía el presupuesto de la Sindicatura de Cuentas hasta los 12 millones de euros, un 11% más que los 10,90 millones del presupuesto de 2017, el último que aprobó el parlamento catalán. Sin embargo, en ese ejercicio no se gastaron todo el presupuesto asignado porque los gastos liquidados fueron de poco más de 8 millones.

Según la memoria de la Sindicatura de Cuentas de 2017, ese año presentaron 27 informes de fiscalización. Si se divide el presupuesto liquidado por el número de informes, resulta una media cercana a los 300.000 euros. En 2018, los gastos liquidados ascendieron a 7,8 millones de euros y se elaboraron 32 informes, que da una media de más de 240.000 euros. No se ha publicado todavía la memoria de 2019. La Sindicatura realiza otros trabajos más allá de los informes, aunque estos son su principal cometido.

La Sindicatura de Cuentas cerró el ejercicio de 2018 con una plantilla de 94 funcionarios. Entre ellos están 53 auditores, técnicos, abogados, administrativos y también un “chofer polivalente”, según recoge la memoria de aquel año.

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