El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont junto a uno de sus abogados, Jaume Alonso-Cuevillas, actualmente diputado. /EFE

Puigdemont fuerza su particular juicio en una comisión del Congreso

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El letrado de Puigdemont se cuela en la Comisión de Justicia, junto al ex abogado del Estado en la causa del 1-O y el líder de la acusación popular

Alessandro Solís

Economía Digital

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont junto a uno de sus abogados, Jaume Alonso-Cuevillas, actualmente diputado. /EFE

Barcelona, 30 de julio de 2019 (20:55 CET)

Este martes se ha anunciado un cara a cara que nadie veía venir. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tendrá en sus filas a dos abogados que debieron estar en el juicio al procés en el Tribunal Supremo pero que, por una u otra razón, son los grandes ausentes en la Sala. Se trata del letrado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y el ex abogado del Estado en la causa del 1-O, Edmundo Bal.

El primero no forma parte de las defensas en el Supremo por una sencilla razón: su cliente se fugó a Bélgica hace más de año y medio y no ha regresado a España para responder ante la justicia. El segundo se ha ausentado de la Sala porque en noviembre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez le apartó de la causa por una diferencia de criterios: Bal sostenía que hubo rebelión el 1-O.

El juicio no alcanzará todo su potencial sin ellos, pero la vida sigue. Da la casualidad que ahora ambos son diputados. Alonso-Cuevillas, desde luego, dio el salto a la política en la lista de Junts per Catalunya (JxCat) a las generales del 28 de abril. Bal, por su parte, fichó por Ciudadanos y fue el número cuatro de la lista por Madrid, después de haber sido cesado por el Gobierno por "pérdida de confianza".

El particular juicio de Puigdemont

La Comisión de Justicia del Congreso tendrá previsiblemente como primera orden de la legislatura el seguimiento a las condenas del Supremo, que se espera que lleguen en la primera quincena de septiembre. Así las cosas, Puigdemont se asegura que uno de sus hombres de confianza tenga presencia en la Comisión para así imponer su particular juicio paralelo sobre el 1-O.

Vinculados a la causa del procés por motivos diametralmente opuestos, y convertidos en diputados de la noche a la mañana, Bal y Alonso-Cuevillas deberán sentarse ahora codo con codo. Compartirán también con uno de los protagonistas del juicio: el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, encargado de la acusación popular a los líderes independentistas.

La Comisión será presidida por Beatriz Corredor, del PSOE, y también será integrada por la nueva portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, hacedora de un discurso duro contra el separatismo, con lo que el abogado de Puigdemont queda en manifiesta minoría. Poco importa: la presencia de Alonso-Cuevillas ya alimenta la maquinaria de Puigdemont.

El letrado del ex president fugado a Bruselas ha viajado a países como Alemania y Bélgica para impedir la extradición a España del líder huido. Ahora, como diputado, en la sesión constitutiva del Congreso, Alonso-Cuevillas intentó colar un mensaje que no pudo ser escuchado a plenitud por el ruido provocado por los diputados de Vox.

Alonso-Cuevillas juró acatar la Constitución española "con lealtad al pueblo de Cataluña y al mandato democrático del 1-O, en estricto cumplimiento de lo que dispone el artículo 20.1.3r del Reglamento del Congreso". Bajo esos principios llegará ahora a la Comisión de Justicia.

El procés los separa y ellos se unen (en el Congreso)

Antes de ser apartado de la causa del 1-O por el Gobierno de Sánchez, Edmundo Bal era partidario de que la Abogacía del Estado se alineara con la Fiscalía y mantuviera el delito de rebelión y no solo el de sedición, como terminó haciendo una vez que le cesó. De igual manera que la opinión pública interpretó ese hecho como una movida política, el abogado hizo lo mismo y se fue a Ciudadanos.

Al mismo tiempo, Alonso-Cuevillas defendía el indulto por rebelión y sedición, algo que en alguna ocasión hicieron también dirigentes socialistas. "Si con la modificación de la ley se prohibiera el indulto por rebelión a mí me faltaría tiempo para traducirlo y presentarlo a los tribunales de Estrasburgo", alegaba el abogado de Puigdemont en enero.

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