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El presidente catalán se muestra “harto” de que el Ejecutivo español ponga “excusas”, y convocará la Junta de Seguridad en la primera semana de julio

Barcelona, 20 de junio de 2017 (19:56 CET)

La directa. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tomado la directa para convocar el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre y ejercer aquellas competencias que crea oportunas, quiera o no el Gobierno central. El nuevo obstáculo es la Junta de Seguridad, con un conflicto con la convocatoria de nuevas plazas de Mossos d'Esquadra. Puigdemont quiere convocar la Junta de Seguridad para la primera semana de julio, quiera o no el Ejecutivo español, una reunión que no se produce desde 2009.

El consejero de Interior, Jordi Jané, reunió este martes a los representantes de los grupos parlamentarios para ofrecer su versión. El gobierno catalán asegura que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no está de acuerdo en la convocatoria de 500 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra, y que tampoco permite que la policía autonómica tenga acceso a las bases de datos de la Europol. Además, las plazas de Mossos que se considerarían necesarias son 1.500, a juicio del gobierno de Puigdemont.

El gobierno catalán no cree en las razones de Rajoy para no convocar la Junta de Seguridad

La intención, pese a la negativa del Gobierno, es convocar la Junta de Seguridad para la primera semana de julio. Se trata de una reunión –con cinco representantes del Gobierno y otros cinco del ejecutivo autonómico-- que no se produce desde 2009.

La intención de Jané, siempre prudente, la ratificó la portavoz del Govern, Neus Munté, con el mensaje de que el ministerio de Interior “pone excusas” para que no se produzca.

Se trata de una cuestión concreta, que, en el Parlament, tiene el apoyo de la mayoría de grupos catalanes, además de los que apoyan al Govern, como el PSC. Así se ha evidenciado con una proposición no de ley conjunta en el Congreso entre el Pdecat, ERC, PSC y En Comú-Podem en la que se pide al Gobierno que reúna a la Junta de Seguridad de Cataluña y que se dé luz verde a la creación de 500 plazas de Mossos, y no se reduzca a las 50 que avala el Gobierno español. Se recuerda que la situación de amenaza terrorista obliga a una mayor coordinación.

Los grupos catalanes en el Congreso piden la convocatoria de 500 plazas de Mossos y la reunión de la Junta de Seguridad

Pero la decisión es también un paso adelante de Puigdemont, para cargarse de razones, a su juicio, y justificar el proyecto independentista con la idea de que, desde Madrid, se dice 'no' a todo.

La posición del Gobierno central es clara. Pese a situaciones como ésta, que deberá responder en un determinado momento, la intención es mantener una gran distancia hasta el 2 de octubre. No se habla de nada, no se acuerda nada, hasta que se produzca una “desaceleración”, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Y eso pasa por esperar a que el soberanismo se demuestre a sí mismo que no puede celebrar el referéndum, y que debe iniciar una nueva etapa que pasa por una rectificación.

El Gobierno central no quiere saber nada hasta el 2 de octubre, hasta que el soberanismo se "desacelere"

Pero eso está lejos de suceder. Munté insistió en que la pelota está en el tejado del Gobierno. “Está acreditada nuestra voluntad, se han propuesto fechas y siempre hay excusas, que si el Gobierno está en funciones o se está con una prórroga presupuestaria, y nosotros creemos que la seguridad de un país no puede estar sujeta a prórrogas, porque no hay ningún fleco técnico por el cual no se pueda convocar y celebrar”, aseguró tras el consejo ejecutivo del Govern.

Es decir, el gobierno catalán convocará la Junta de Seguridad y esperará la reacción del Gobierno.


 


 


 

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