Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la reunión que mantuvieron en diciembre en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau

Sánchez impugnará la comisión del Parlament contra la Monarquía

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El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la comisión de investigación del Parlament diseñada para investigar a la Familia Real

Anna Pujol

Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la reunión que mantuvieron en diciembre en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau

Barcelona, 13 de marzo de 2019 (13:54 CET)

El Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrirá frente al Tribunal Constitucional la comisión de investigación sobre la monarquía que el Parlament de Cataluña planea poner en marcha.

Esta comisión de investigación fue impulsada por las formaciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Catalunya en Comú, Junts per Catalunya (JxCat) y la CUP, con los votos en contra de Ciutadans, PP y PSOE. Esta institución, creada la semana pasada, tiene el objetivo de estudiar las “actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real”; obtener información sobre acciones destinadas a “forzar el traslado de domicilio social” de empresas y bancos fuera de Cataluña; y averiguar sobre las “presuntas cuentas irregulares” del rey emérito en paraísos fiscales.

El Gobierno argumenta que la cámara catalana no tiene permitido en su reglamento ejecutar este tipo de trabajos e investigaciones: su legislación especifica que las comisiones de investigación activadas por el Parlament solo pueden tratar “asuntos de interés público que sean competencia de la Generalitat”, y la monarquía no lo es.

Trámite previo a la impugnación

Antes de que la petición del gobierno sea admitida a trámite, el ejecutivo debe encargar al Consejo de Estado un informe preceptivo no vinculante. Si el TC considera inconstitucional dicha comisión de investigación, que, de hecho, todavía no se ha formado, esta quedaría suspendida.

De hecho, el gobierno de Sánchez ya había acudido al TC en contra del Parlament una vez. Concretamente, por una resolución que condenaba la posición y actitud de Felipe VI después del 1-O. El documento de la cámara catalana también pedía la “abolición” de la monarquía, una institución que consideraban “caduca y antidemocrática”. En esa ocasión, el ejecutivo desoyó al Consejo de Estado, que había recomendado no interferir en una resolución que era declarativa y no tenía efectos legales.

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