Sánchez, en una rueda de prensa en Londres, el miércoles. EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
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El Gobierno, que antes del 10-N anunciaba recursos contra el independentismo cada semana, pospone ahora recurrir al TC la respuesta al Supremo

Barcelona, 06 de diciembre de 2019 (04:55 CET)

El gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha enviado tras el 10-N al congelador sus viernes antisoberanistas. Si durante la precampaña y la campaña de las generales convirtió en recurrente anunciar tras cada Consejo de Ministros recursos al Tribunal Constitucional (TC) contra la Generalitat o contra alguna moción impulsada por la mayoría independentista del Parlament, tras los comicios no ha vuelto a hacer uso de esa prerrogativa.

Y no es que no tenga material para seguir con aquella política. La cámara catalana aprobó el martes de la semana pasada la moción de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la causa del procés mediante una estratagema para driblar al Constitucional consistente en reproducir entrecomillado el fragmento vetado por el alto tribunal precisamente a instancias de la Moncloa. 

Pero esta vez, y a diferencia de lo que era habitual hace apenas un mes, el Gobierno opta por procrastinar. Y, de paso, por contemporizar con ERC, a quien necesita para que Sánchez reedite su cargo en la Moncloa. Así que se limita a insistir, como ya hizo la semana pasada, en que la posible presentación de un recurso contra el texto aprobado por la cámara catalana sigue en estudio.

Para justificar la dilación del posible recurso, el ejecutivo central también la aplica en el caso de la moción aprobada hace un mes por la Asemblea de Madrid que abogaba por ilegalizar los partidos independentistas, un asunto que también excede las competencias de ese parlamento autonómico, el argumento esgrimido en numerosas ocasiones para llevar al TC resoluciones de la cámara catalana referidas al derecho de autodeterminación y a la Casa Real. 

"Las dos resoluciones siguen siendo estudiadas", subrayó este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en relación a la respuesta a la sentencia y la de la Asamblea de Madrid. "Tengan la absoluta seguridad de que el gobierno se debe al principio de legalidad" y "no acceptará ninguna vulneración" de la misma, replicó cuando los periodistas le insistieron en rueda de prensa.

El caso es que ya van tres consejos de ministros postelectorales y, con Sánchez buscando que ERC facilite su investidura como presidente del  Gobierno, en ninguno ha habido anuncios de medidas contra el independentismo como las que sí hubo en cinco de los seis anteriores a los comicios.

Recursos semanales hasta el 10-N

Hagamos recuento. El 4 de octubre, ya en precampaña, el Consejo de Ministros recurrió ante el TC una resolución del Parlament aprobada en julio en la que se insistía en la autodeterminación y se reprobaba al rey Felipe VI.  El alto tribunal la suspendió menos de una semana después, el 10 de octubre, y al día siguiente, el Gobierno recurrió otra moción —esta aprobada el 26 de septiembre— que reiteraba el "reconocimiento del derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerla con plenitud".

Una semana después, el 18 de octubre, el Gobierno anunciaba otro recurso al Constitucional, este contra el Plan de Acción Exterior que la Generalitat había aprobado en junio.

El Consejo de Ministros del 25 de octubre, tras 10 días de protestas y disturbios como reacción a la sentencia del Supremo, fue el único de ese periodo que no incluyó ninguna medida de ese tipo.

El jueves siguiente, día 31, el Gobierno en funciones acordó presentar ante el TC un incidente de ejecución de sentencia porque la Mesa del Parlament había admitido a trámite la propuesta pactada por JxCat, ERC y la CUP a modo de respuesta institucional al fallo del Supremo sobre el 1-O, un texto en que se reiteraba una vez más el aval a la autodeterminación y la reprobación al Rey en un fragmento que el TC acabaría suspendiendo.

En esa misma reunión ministerial se acordó igualmente aprobar de forma urgente su decreto digital, que, entre otras cosas, cortocircuitaba los planes de “república digital” del govern de Quim Torra.

El ejecutivo de Sánchez aún se reservó una última bala antindependentista para su última reunión semanal previa a las elecciones, y el viernes 8 de noviembre, apenas 48 horas antes de la cita con las urnas, todavía presentó un último recurso contra la tramitación de otra moción en el mismo sentido, esta planteada por la CUP.

Sánchez, las matemáticas y los pies de plomo

Después, llegaron las elecciones, las sumas y restas y la constatación de que al gobierno de coalición pactado entre PSOE y Unidas Podemos solo le salen las cuentas si obtiene el visto bueno de ERC en la votación para investir a Sánchez.

Y, casualmente, la rapidez y la contundencia de la ofensiva contra los independentistas que se vendía en campaña ha sido sustituida desde entonces por un cauteloso andar con pies de plomo para evitar cualquier movimiento en falso que haga volar por los aires unas conversaciones que se vende que van bien pero que avanzan sobre una cuerda floja.

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