El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre el suicidio y el precipicio. EFE/Andreu Dalmau.

Sin equívocos: el responsable último es Carles Puigdemont

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La justicia tiene que actuar para recalcar algo elemental en una sociedad democrática: los que atentan contra la Constitución asumen las consecuencias

Carlos Carnicero

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre el suicidio y el precipicio. EFE/Andreu Dalmau.

Madrid, 01 de octubre de 2017 (23:00 CET)

La esencia de la condición intelectual reside en la capacidad de abstraerse de la servidumbre a las corrientes dominantes, no dejarse influir por razones de oportunidad o conveniencia y mantener las convicciones sin que los detalles impidan una escala de valores en el análisis.

Hoy es un día para mantener el tipo. Para distinguir entre lo esencial y lo complementario. Y eso, en una sociedad mediática, donde las imágenes instantáneas dificultan el sosiego de una reflexión responsable, supone un reto para el oficio de escribir.

Algunas reflexiones sobre lo ocurrido en Cataluña en este triste 1 de octubre:

PRIMERO: Carles Puigdemont y su camarilla de políticos mediocres pero fanáticos, han demostrado que no tienen el menor escrúpulo en utilizar con habilidad todas las oportunidades que se les presentan para conseguir sus objetivos, incluyendo lo más sagrado para cualquier sociedad: la convivencia en paz bajo unas reglas del juego compartidas.

Los organizadores de esta asonada, conocedores de la imposibilidad de realizar un referéndum sin garantía alguna, contra las leyes catalanas, españolas e internacionales, no han dudado en lanzar a la sociedad civil a un choque contra las fuerzas de orden público y las resoluciones judiciales que obligaban a los responsables del estado a impedir este asalto a la democracia.

Los gobernantes no podían hacer dejación de los instrumentos del Estado ante una provocación de estas dimensiones

Los primeros y principales responsables de lo sucedido en Cataluña son los organizadores de la algarada. Un gobierno, una institución que ha elegido la confrontación en vez de la política.

SEGUNDO: la defensa de la legalidad es la razón de fondo del Estado democrático frente al intento de consumar un golpe dirigido a imponer la independencia de Cataluña, aunque sea mediante la tragedia de una sociedad fragmentada y el riesgo de graves disturbios con riesgo para las personas.

La disyuntiva de un estado democrático ante una situación de insurrección promovida institucionalmente y traslada a la ciudadanía, ofrecía pocos caminos.

Los gobernantes no podían hacer dejación de los instrumentos del Estado ante una provocación de estas dimensiones, cuya derivada ultima amenaza con romper el país y quebrar las fronteras de la Unión Europea.

El gobierno español ha sido muy torpe en el manejo de la crisis del 1-O

TERCERO: las imágenes de los enfrentamientos de Cataluña dañan enormemente al Gobierno de España y serán utilizadas hábilmente por los sediciosos para generar un clima internacional de vulneración de las libertades públicas encubriendo la esencia antidemocrática de los convocantes de la algarada.

CUARTO: el Gobierno ha sido muy torpe en el manejo de la crisis, facilitando los objetivos de quienes buscaban violencia para sellar su pretendida condición de víctimas. Le ha faltado previsión en la resolución previa de los problemas que han degenerado una crisis  orden público del día de hoy, con episodios de represión que son difíciles de justificar.

QUINTO: llegados a este punto, resulta imprescindible que las instituciones del Estado establezcan responsabilidades en todos los niveles de esta jornada trágica. La justicia tiene que actuar para recalcar algo elemental en una sociedad democrática: que los que atentan contra la Constitución asumen las consecuencias.

La sedición de los Mossos d'Esquadra, desoyendo los mandatos judiciales y permitiendo con su pasividad y connivencia la confrontación entre las fuerzas de seguridad estatales y los manifestantes, exige que se establezcan responsabilidades.

SEXTO: es cierto que hay que abrir un diálogo político honesto para restaurar la convivencia y resolver los problemas políticos de fondo. Pero los protagonistas de esta asonada han quemado su legitimidad para ser interlocutores confiables.

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