El Gobierno recuerda al Senado que la legalidad de la amnistía la determina el Tribunal Constitucional

El Gobierno esquiva el informe en contra de los letrados del Senado por la constitucionalidad de la ley de amnistía, y recuerda que la palabra final la tiene ese organismo judicial

Sede del Tribunal Constitucional. Foto EFE

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El Gobierno expresó su «respeto» hacia el informe de los letrados del Senado sobre la ley de amnistía, subrayando que la constitucionalidad de una norma es «determinada» por el Tribunal Constitucional. Estas fueron las palabras de la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser cuestionada sobre el informe de los letrados para la tramitación de la norma en la Cámara Alta.

Tras expresar el «respeto» del Ejecutivo hacia dicho documento, la portavoz señaló que se han «conocido distintos informes y opiniones», pero hizo hincapié en que, «a día de hoy, quien determina la constitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional». «Es importante recordar esto», añadió Alegría.

Además, la ministra aseguró que «la posición del Gobierno con respecto a la amnistía es la misma que la de Europa, tal como se refleja en la Comisión de Venecia», ya que en dicho dictamen se «respalda claramente y de manera rotunda» la ley de amnistía, indicando «que no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes, y que no es necesaria una reforma de la Constitución, sino que puede lograrse a través de una ley orgánica».

La portavoz también recordó que el propio informe de la Comisión de Venecia insta a que la ley de amnistía cuente con un mayor respaldo parlamentario, y pidió al Partido Popular que aproveche «esta oportunidad» y se «sume a ese consenso».

En el Ejecutivo y en el PSOE muestran tranquilidad respecto a la tramitación de la ley en el Senado, ya que aseguran que, a pesar del posible «ruido» que pueda generar el PP, la norma seguirá su curso y dos meses después regresará al Congreso, en caso de que haya algún cambio, para su aprobación final y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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