Díaz amenaza con aprobar la ‘ley rider’ y la reforma laboral sin acuerdo con patronal y sindicatos

El Gobierno ya ha contactado con patronal y sindicatos para reunirse la semana que viene y cerrar la 'ley rider', según ha podido saber Economía Digital

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afronta la conocida ‘ley rider’ y la reforma laboral sin el acuerdo, por el momento, ni de la patronal ni de los sindicatos. Díaz amenaza con sacar adelante estas reformas sin el consenso de la mesa de diálogo y ni siquiera CCOO y UGT, mucho más cercanos que la CEOE a los postulados de la ministra de Podemos, han dado el visto bueno.

El calendario de Trabajo apremia y, en lo que respecta a la ‘ley rider’, incluso, ya va con retraso, según la hoja de ruta de Díaz. Según ha podido saber Economía Digital, el Gobierno ya ha emplazado a los agentes sociales a una reunión para cerrar la norma la semana que viene.

El diálogo social «es un proceso, no un resultado» y el Ejecutivo llevará a cabo las medidas que considere apropiadas aun sin consenso. Así de contundente se mostró este jueves la ministra Díaz durante un coloquio. La titular de Trabajo estableció en su hoja de ruta cerrar la ‘ley rider’ en enero para seguir negociando pequeños detalles en febrero. Sin embargo, no se ha conseguido el objetivo y todas las partes están molestas, según han explicado a ED.

La patronal ve «muy difícil» cerrar el acuerdo

Desde CEOE han venido valorando las propuestas del ministerio, si bien no han presentado propuesta propia, explican fuentes de la patronal. Los empresarios consideran «muy difícil» que se cierre un acuerdo en la reunión de la próxima semana, «porque aún quedan muchos flecos» pendientes de negociar.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante el 23 Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado este lunes en Casa América, en Madrid. EFE/Ballesteros POOL

Las fuentes de las patronales aseguran que en el último texto enviado por Trabajo se podrían reinterpretar algunas normas que podrían abrir la veda, de nuevo, en los tribunales en el campo de las plataformas digitales. «Ante todo pedimos seguridad jurídica», señalan. La patronal explica que la regulación es compleja «y no se elabora de un día para otro». Además, afecta a varias industrias y genera importantes modificaciones en el mercado laboral que deberían abordarse y discutirse con más tiempo para evitar efectos económicos adversos, continúan.

Por su parte, las plataformas defienden un modelo mixto basado en autónomos con derechos reforzados, tales como poder recibir una indemnización en caso de rescisión unilateral del contrato, mínimos salariales, mejorar los seguros de coberturas, derecho a formación o bajas reguladas por ley.

Los sindicatos alimentan las manifestaciones

Mientras que los sindicatos continúan movilizando a los trabajadores de cara a las manifestaciones y la huelga convocada para el próximo 11 de febrero. Comentan que aunque se seguirán sentando en la mesa de diálogo, «el Gobierno tiene un programa que cumplir y debe plasmar sus compromisos en el BOE de forma urgente», destaca el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Pedro Sánchez (i), en una reunión con el líder de UGT, Pepe Álvarez (c) y de CCOO, Unai Sordo (d) / EFE

En el texto presentado por el Gobierno a los agentes sociales se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos.

También se mantiene el observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios.

Este observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del registro de plataformas digitales, y seguirá la evolución de la actuación de éstas, «constituyéndose en el órgano de interlocución permanente en esta materia entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas», señaló el Gobierno en su última propuesta.

Además, en la redacción sigue presente que se establezca una condición de laboralidad, conforme se plasmaba en la sentencia del Tribunal Supremo. La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.

El Gobierno da un ultimátum a patronal y sindicatos

El secretario de Estado de Empleo y de Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha respaldado esta semana a Díaz dando un ultimátum a los agentes sociales señalando que en el caso de que no haya acuerdo, «aunque es un escenario al que no le gustaría enfrentarse», el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación entorno a la naturaleza jurídica de los trabajadores conocidos como riders.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados el día de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado / EFE

Unas palabras a las que Díaz se sumó este jueves añadiendo: «Lo que tiene que garantizar el Gobierno es que exista diálogo social, pero sin derecho de veto, porque el veto no es diálogo» y apeló al cumplimiento del pacto de la coalición: «El acuerdo de Gobierno es muy claro y nos hemos presentado a una investidura con este acuerdo, por lo que hay una mayoría en la Cámara; además, estas propuestas las hemos remitido a Europa y tenemos un compromiso».

La mesa de diálogo se reunirá la semana que viene, todavía sin día fijado, con el firme propósito de cerrar un acuerdo, en el que patronal no ve inminente, bajo la presión de la ministra de Trabajo. «Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar«, señaló Díaz.

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