El Gobierno de Sánchez aumenta un 13% los altos cargos en comparación con el de Rajoy
Los últimos datos del registro apuntan a que el Gobierno de Sánchez, a cierre del año pasado, contaba con 757 altos cargos, frente a los 661 con los que cerró Rajoy, antes de la moción de censura
La bancada socialista aplaude al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/JJ Guillén
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El Gobierno de Pedro Sánchez, la coalición entre el PSOE y Sumar, cuenta con 757 altos cargos, un 13% más de funcionarios en comparación con los 671 del Ejecutivo de Mariano Rajoy que fue desalojado tras la moción de censura el 1 de junio de 2018.
Los últimos datos de Función Pública recogen que, a 31 de diciembre de 2023, había 757 altos cargos en activo, entre ministros, secretarios de Estado, directores generales, delegados del Gobierno o comisionados de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), la figura que creó el Ejecutivo para la gestión de los fondos europeos. También se incluyen embajadores o responsables de empresas públicas, entre otros.
El Ejecutivo de Sánchez redujo su tamaño ligeramente un año después (666 altos cargos, a diciembre de 2019), aunque mucho tiene que ver con la situación de interinidad del Ejecutivo tras las dos convocatorias electorales en ese ejercicio, lo que imposibilitó la cobertura de determinadas posiciones.
El primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos elevó de nuevo el número de altos cargos en nómina del Ejecutivo central hasta los 736, a cierre de 2020. Un año después, en 2021, fueron diez más: 746. A cierre de 2022, el número era de 762 altos funcionarios, ligeramente por encima del cierre de 2023.
Los Ejecutivos de Sánchez, bien sean junto con Unidas Podemos o con Sumar, se han caracterizado por contar con el mayor número de carteras ministeriales de cualquier gabinete de la democracia: 22. Esto explica que haya aumentado el número de ministros o el número de secretarios de Estado, ya que algunas -como la de Sanidad, en la anterior legislatura, o la de Cultura- son de nueva creación. También algunos departamentos: particularmente Consumo o Seguridad Social -por separado- en el mandato anterior o Juventud e Infancia, en el actual.
El empleo público se dispara en la última década
El empleo público ha experimentado una evolución virtuosa en la última década, sobre todo a raíz de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, lo que ha supuesto un incremento del número de funcionarios. En la última década el empleo público ha avanzado un 32,7%, sumando 713.429 cotizantes hasta rozar los 2,9 millones a cierre de 2023.
El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con datos de julio de 2023, señala que entonces había 2,96 millones de empleados públicos.
En lo que respecta a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el INE, el año pasado se crearon 61.700 empleos públicos, que ha situado al trabajo del sector público en cifras récord, de cerca de 3,6 millones de empleos. La razón de la divergencia puede encontrarse en que la EPA, al ser una encuesta, pregunta a los trabajadores para quién trabajan, pero pueden tratarse de contratas privadas que dan un servicio público.
La evolución del empleo público el año pasado fue completamente diferente a la del sector privado: de los 783.000 nuevos ocupados, 715.000 se crearon en el sector privado. Y el grueso, más de 600.000, fueron en la primera parte del año, hasta llevar la ocupación a más de 21 millones de personas. Pero nueve de cada diez nuevos empleos públicos en 2023 se crearon en el último trimestre del año, coincidiendo temporalmente con la conformación de un nuevo Ejecutivo, que tuvo lugar a mediados de noviembre. En concreto, 58.600 se sumaron en cuarto trimestre, muy por encima de la media prepandemia (13.200 más).
Pero, de acuerdo con los datos analizados por Fedea, la evolución no ha sido igual en todos los segmentos de la administración: el grueso del empleo que se ha creado ha sido por parte de las 17 comunidades autónomas. En total: 526.951 afiliados más. Hay que destacar que las regiones son las proveedoras de servicios básicos como la sanidad o la educación.
