El Gobierno veta la única enmienda de vivienda de Podemos, ERC y Bildu a los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha vetado la única enmienda que quedaba viva del paquete en materia de vivienda que Unidas Podemos, ERC y Bildu registraron a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y que planteaba reducciones a los arrendatarios que actúen con «responsabilidad social».

Por tanto, el Congreso no podrá votar ninguna de las propuestas relativas a la vivienda que el socio minoritario del Ejecutivo y sus habituales aliados parlamentarios han intentando introducir en el proyecto presupuestario durante su tramitación parlamentaria.

Fue este martes cuando el PSOE y el PP sumaron sus votos en la Mesa de la Comisión de Presupuestos para vetar las enmiendas registradas por estos grupos que buscaban regular el precio de los alquileres y prohibir los desahucios.

Los dos grupos mayoritarios tumbaron las propuestas amparándose en el criterio fijado por los servicios jurídicos de la Cámara, que advirtieron de que con ellas se buscaba regular asuntos ajenos a la Ley de Presupuestos y que, por eso, debían quedar fuera de su tramitación.

Bloqueo en la Ley de Vivienda

Unidas Podemos y los independentistas de Esquerra y Bildu presentaron estas enmiendas ante el bloqueo que sufre la tramitación de la Ley de Vivienda. Y también registraron otra destinada a implantar incentivos fiscales en materia de alquiler, a la que los letrados no pusieron ningún reparo.

Sin embargo, es única enmienda que quedaba viva ha sido frenada por el Gobierno, en la primera tanda de vetos que ha enviado al Congreso.

El Congreso remite al Ministerio de Hacienda las enmiendas que acepta tramitar para que se pronuncie al respecto y el departamento que dirige María Jesús Montero las puede vetar si suponen un aumento del gasto o una disminución de los ingresos previsto, es decir, si descuadran el presupuesto previsto.

Según Hacienda, la enmienda planteada por sus socios para contribuir a la contención el precio de la vivienda mediante incentivos fiscales para arrendadores que actúen con «responsabilidad social» supondría una disminución de ingresos que cifra en 7,2 millones de euros.