El Parlament usa la Constitución para situarse por encima del TC

La Mesa del Parlament ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) por el conflicto abierto después de que el pasado 27 de julio el pleno, presidido por Carme Forcadell, aprobara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

Entonces, el Gobierno presentó ante el TC un incidente de ejecución para denunciar un supuesto incumplimiento de una sentencia anterior del mismo tribunal, que impedía desarrollar aspectos que se derivaran de la resolución independentista del 9 de noviembre.

En el texto de alegaciones de la Mesa del Parlament, los letrados denuncian que de estas medidas «aflora una voluntad de poner bajo tutela el derecho de iniciativa parlamentaria y el propio funcionamiento de los órganos del Parlamento de Cataluña».

De este modo, los letrados de la Cámara autonómica sitúan la institución por encima del TC.  Utilizan la propia Constitución española, la misma de la que reniegan abiertamente los líderes independentistas, para armar su defensa.

Los argumentos del Parlamet

Las medidas, según el documento hecho público este viernes, incrementan «exponencialmente los efectos negativos sobre la autonomía del Parlament», al tiempo que «agravan ostensiblemente los problemas de seguridad jurídica», hasta el punto de «poder llegar a desnaturalizar por completo la posición institucional que el Parlament ostenta de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña».

Los letrados argumentan que el pasado 27 de julio el pleno del Parlamento catalán «no hizo más que ratificar un informe y unas conclusiones» elaboradas por una comisión que tenía una naturaleza «analítica y propositiva».

Consideran que no se pueden negar la capacidad del Parlament para «estudiar y analizar cualquier cuestión que considere de interés para la sociedad a la que representa, incluido lo que puede ser un proceso constituyente de una futura Cataluña independiente».

En defensa de la Mesa

El documento defiende que la Mesa debía admitir a trámite las conclusiones de la comisión del proceso constituyente para su debate en el pleno, como así hizo, porque «la Constitución no prohíbe ni establece límites al debate político, especialmente del que se produce en sede parlamentaria».

Asimismo, los letrados advierten de que, si se hubiera atendido a lo que solicitó el Abogado del Estado –se oponía a la votación de las conclusiones en el pleno–, la Mesa se habría convertido en un órgano de «control político».

«Estas medidas no pueden llegar nunca a anular ni subvertir los principios inherentes al funcionamiento de las cámaras parlamentarias ni los derechos de sus miembros» por motivos que sean «meramente preventivos», argumentan.

En cuanto a la actuación de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, los letrados remarcan que ella «no podía desatender la petición que le formularon dos grupos parlamentarios», Junts pel Sí y la CUP, que solicitaron incluir en el orden del día del pasado 27 de julio la votación del informe de la comisión de estudio.

Forcadell cumplió

El texto recalca que Forcadell «cumplió con su obligación» de informar al pleno, como «órgano que debía tomar la decisión», de la existencia del auto previo del TC, de 19 de julio, por lo que esta advertencia «la exonera de cualquier responsabilidad».

Además, el Estatut establece que los miembros del Parlament son «inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo», lo que en este caso, según los letrados, excluiría a Forcadell «de cualquier responsabilidad , especialmente la penal».

Las alegaciones también cuestionan que «se pretendan acumular medidas de efecto restrictivo» para el Parlamento «sin contar siquiera con una valoración previa del TC antes de ser adoptadas», pues la ley contempla que se aplique el incidente de ejecución sólo con que lo pida el Gobierno.

Los letrados subrayan, asimismo, que la última reforma de la ley del TC que incorpora los incidentes de ejecución ofrece «serias dudas acerca de su adecuación a la Constitución», lo que creen que obliga a este árbitro a ser «especialmente cauto».