Escrivá se enroca en su batalla contra la competencia fiscal pese al toque de Moncloa

En el arranque del último año de legislatura, y con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, uno de los clásicos temas que faltaban por tocar no parece que vaya a evaporarse tan rápido. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, proponía en una entrevista radiofónica, a título «personal», la aplicación de un «modelo australiano» hasta ahora desconocido para la mayoría, que, primero, determina el volumen de gasto por habitante necesario para prestar los servicios; para que, a continuación, el Estado transfiera los recursos correspondientes a las regiones. En definitiva: avanzar hacia una armonización fiscal y evitar el dumping entre territorios.

Sin embargo, rápidamente, Moncloa quiso matizar y desdecir al titular de Seguridad Social, ante el revuelo generado: era una «opinión personal», no una propuesta ministerial. El Gobierno no está en eso, sino únicamente en avanzar sobre fiscalidad en España «de la mano del modelo de financiación autonómica, algo que «no tienen esperanzas» de que se resuelva en lo que queda de mandato.

Pero en la tarde del martes, Escrivá, mientras salía del Pleno del Senado en la sesión de control, quiso volver a insistir. «Son reflexiones que yo me he hecho y que están en el espíritu de muchos», alegaba. «Es evidente que hay competencia fiscal y eso debilita los servicios públicos. El Estado de bienestar descansa en las comunidades autónomas […]. Fíjense. Hay que reforzar los ingresos y esta dinámica es perversa«.

Escrivá quiere evitar «un despropósito»

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran en conversación con Economía Digital que la postura del ministro no es más que «mostrarse partidario de una mayor centralización fiscal del Estado para evitar el ‘despropósito’ de la competencia tributaria entre comunidades».

«Él viene a decir que el sistema de financiación tiene que garantizar a las comunidades autónomas los recursos necesarios para atender a sus atribuciones competenciales (cosas tan importantes como Educación, Sanidad o Dependencia) y no usar los tributos para competir unas con otras«, tratan de explicar desde su cartera.

Pero su propuesta no ha convencido ni a los suyos ni a los socios, de dentro y fuera de la coalición. Unidas Podemos y socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, como Compromís y ERC, han pedido al Ejecutivo medidas para evitar el «dumping fiscal» tras la decisión de Andalucía, aunque no han coincidido sobre la propuesta de Escrivá, que los dos primeros apoyan con matices, mientras Esquerra la rechaza.

Hacienda mueve ficha

Sí que habrá movimientos, aunque puedan parecer de cara a la galería. De momento, Hacienda va a remitir a las comunidades autónomas una nueva propuesta sobre el cálculo de la financiación autonómica a partir de la población ajustada, tras haber hecho una primera intentona a principios de año y que rechazaron las CCAA.

Cabe recordar que la población ajustada es el cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como la población envejecida o la dispersión de la población. El objetivo es medir el gasto de cada autonomía de acuerdo a esta variable.

Pero la estrategia por parte de María Jesús Montero es arriesgada: el melón de la financiación autonómica, un peliagudo asunto en el que no funcionan las siglas, sino los territorios, requiere una unidad entre las reclamaciones autonómicas bajo gobernanza del mismo signo político, algo que sólo por el hecho de estar regidas por la misma fuerza, es harto difícil.

Sin visos de prosperar

El Gobierno es consciente, y así lo aseguran a Economía Digital fuentes cercanas a la ministra de Hacienda: el actual modelo de financiación autonómica, herencia de la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras un acuerdo con ERC, es irregular, deja territorios -dentro del régimen común- infrafinanciados. Y, aunque no necesitan el okey de las comunidades autónomas, sino de los partidos, dado que es una ley orgánica que se aprueba en el Congreso, el Gobierno «no quieren abordarlo» hasta que haya «cierto consenso».

Pero he ahí el truco: saben que, de momento, no hay acuerdo. «El Ejecutivo siempre está estudiando cómo hacer una armonización del patrimonio», insisten desde Moncloa. Pero fuentes de la dirección del PP no dudan en recordar que, aunque se muevan en una propuesta de máximos, no tienen un modelo conjunto ni está entre sus prioridades hasta las elecciones. «No van a contar con nosotros. «¿Tú estudiarías para un examen que ya sabes de antemano que no vas a aprobar?», deslizan desde la cúpula de Génova. «Ya lo hará Feijóo cuando llegue a Moncloa», aseveran.