El Gobierno encarga a Tezanos una encuesta sobre prostitución por 330.000 euros
El lanzamiento de este estudio coincide con el estallido “Caso Cerdán”, que ha generado una fuerte conmoción en el PSOE
El nuevo estudio de prostitución en pleno ‘Caso Cerdán’
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha encargado al CIS de José Félix Tezanos una encuesta sobre la percepción social de la prostitución en pleno escándalo por el ‘Caso Cerdán’. La resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de julio de 2025 y será elaborado por el Ministerio de Igualdad y el Centro de Investigaciones Sociológicas.
El estudio tendrá un precio de 300.000 euros. Según lo establecido en el convenio publicado en el BOE, el Ministerio de Igualdad se compromete a cubrir hasta el 70 % del coste total, lo que representa una aportación de 231.000 euros, con cargo a los presupuestos del año 2025.
Por su parte, el CIS de Tezanos aportará el 30 % restante, lo que equivale a casi 100.000 euros, mediante recursos propios, en forma de medios y servicios valorados económicamente, pero que no implican un desembolso presupuestario adicional. Esta financiación se hará efectiva en un único pago al concluir el trabajo, una vez que el CIS entregue toda la documentación correspondiente.
El anuncio de este estudio se produce en pleno «Caso Cerdán» que ha sacudido al PSOE tras las revelaciones del llamado ‘informe Cerdán’ elaborado por la UCO de la Guardia Civil. El eje principal del caso es la trama de corrupción conocida como «Caso Koldo», que involucraría comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas.
No obstante, en los informes de UCO aparecen conversaciones de los implicados hablando abiertamente de prostitución. Según las transcripciones filtradas, Koldo García solicitó a Cerdán que ayudara a colocar a «una chica rumana» en una empresa de Valencia, afirmando que no solo valía para tener relaciones sexuales.
La respuesta del Gobierno ante la prostitución
Ante estos sucesos, Pedro Sánchez presidirá un Comité Federal para reforzar el «modelo abolicionista» del partido, introduciendo en el nuevo Código Ético una cláusula que sancione a cualquier miembro que solicite prostitución. El objetivo declarado es combatir lo que el partido considera «una forma de violencia contra las mujeres».
A esta decisión se suma la elaboración de la «Encuesta sobre la percepción social de la prostitución» que se llevará a cabo en todo el territorio nacional, incluyendo Ceuta y Melilla, y tendrá una muestra estimada de 10.000 entrevistas telefónicas. La selección de participantes se realizará aleatoriamente entre líneas fijas y móviles (30% y 70%, respectivamente), aplicando cuotas por sexo, edad, comunidad y tamaño del hábitat.
El cuestionario abordará cuestiones clave como las actitudes hacia la prostitución, la pornografía, los prostituidores y la trata con fines de explotación sexual. Su aplicación, mediante entrevistas CATI, tendrá una duración máxima de 24 minutos.
Además, el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a analizar, difundir e integrar los resultados del estudio en sus políticas públicas, mientras que el CIS dirigirá técnicamente el trabajo de campo y procesamiento de los datos.
Vigencia del convenio entre Igualdad y el CIS
El convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Igualdad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya tiene calendario oficial. Según detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE), este acuerdo entrará en vigor una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, como exige la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.
Su vigencia se extenderá inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque ambas partes han dejado la puerta abierta a prórrogas anuales de hasta cuatro años más, lo que permitiría mantener activa la colaboración hasta finales de 2029. Para ello, será necesario seguir los procedimientos establecidos en el artículo 50 de la misma ley.
En caso de no acordarse dicha prórroga, el convenio se extinguirá automáticamente una vez alcanzado su plazo de vigencia, según lo establecido en el artículo 51.2.a) de la Ley 40/2015.
