El exconsejero andaluz Antonio Fernández, condenado a 7 años de cárcel por el caso ERE

La trama de corrupción de los ERE de Andalucía sigue arrastrando nuevas sentencias. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado ahora al que fuera consejero de empleo de la Junta, Antonio Fernández, a una pena de siete años de prisión por el desvío de los fondos de las subvenciones públicas.

Se trata de una de las piezas separadas de la causa que analizaba las ayudas que se destinaron a la empresa Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco). Los magistrados han concluido que el dirigente socialista ha incurrido en los delitos de prevaricación continuada en el tiempo, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos. Aunque queda absuelto de la acusación de tráfico de influencias, según ha publicado Europa Press.

Es la segunda gran condena que arrastra Fernández por la macrocausa de los ERE. El exconsejero ya fue sentenciado a otros siete años y once meses de prisión por el papel que desempeñó en la canalización de los fondos económicos destinados a las ayudas públicas que estaban siendo investigadas.

La nueva sentencia ampliará por lo tanto su estancia en prisión, mientras también le mantendrá alejado de cualquier cargo político institucional a largo plazo. Los jueces han establecido una inhabilitación absoluta para desempeñar puestos en la administración de 17 años y 15 días.

Fernández no es el único miembro de su departamento que ha sido condenado en esta pieza separada de la causa. El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, también tendrá que cumplir una pena de cuatro años de prisión por su participación en los hechos por los mismos delitos, así como una inhabilitación de diez años.

El tribunal sí que ha absuelto de los hechos a otros miembros de su equipo. El que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y el antiguo responsable de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Miguel Ángel Serrano, han quedado liberados de sus cargos.

Los jueces condenan a la cúpula de Ayco como cooperadores necesarios

Los jueces también han incluido en la condena a varios responsables de la empresa beneficiada, a los que considera cooperadores necesarios para los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación. La presidenta del consejo de administración de Ayco, Encarnación Poto, y el abogado de la compañía, José Miguel Caballero, han sido sentenciados a cinco años de cárcel, mientras que el director de Recursos Humanos, Gabriel Barrero, a tres años y seis meses.

En el apartado de colaboradores, la sentencia también se ha detenido en el director de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, al que se ha aplicado una pena de cuatro años de prisión , mientras que el consultor de la misma compañía, Jesús Bordallo, deberá cumplir dos años entre rejas.