El Gobierno deja en manos de las CCAA las soluciones legales del decreto energético
Ninguna comunidad autónoma ha remitido a Transición Ecológica sus propuestas, que sólo completarán un nuevo paquete de medidas para septiembre
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
El real decreto-ley de ahorro energético, ya en pleno funcionamiento, admitirá nuevos matices con la introducción de las medidas propuestas de las comunidades autónomas. Pero estas, según afirman desde el Ministerio de Transición Ecológica en conversación con Economía Digital, deben ir sobre las ya planteadas en el Plan de Contingencia: no se variará ninguna y no se cambiarán por otra. En septiembre, cuando España deba aplicar una estrategia más drástica, se instaurarán nuevos métodos pero más duros y que se sumarán a los ya previstos.
Desde Transición Ecológica son cristalinos: las medidas actuales «no son suficientes» para poder cumplir con Bruselas. De momento, y como han sostenido ante este periódico, ninguna comunidad autónoma ha remitido sus aportaciones, que tendrán que pivotar en solucionar las fallas legales de las acciones ya en marcha, dado que colisionan con las competencias autonómicas y no han sido negociadas con los actores implicados, a diferencia de otros países.
De hecho, esa es la tesis que esgrime el Gobierno de la Comunidad de Madrid para llevar este real decreto ante el Tribunal Constitucional y recurrir su base legal. El Gobierno sólo admitirá «propuestas al plan de contingencia», nada más. Y, de hecho, espera que «así suceda, y las comunidades aporten».
Las críticas de las CCAA
Pero a ninguna región le sentó bien el modo de proceder del Ejecutivo, incluidas comunidades gobernadas por el PSOE o por sus socios habituales, como Canarias, Comunidad Valenciana o País Vasco o Cataluña. El malestar va más allá de los gobiernos regionales del PP, que sí ha hecho de este cisma una de sus banderas en su ofensiva veraniega de oposición.
El techo está claro: según los acuerdos refrendados por la Comisión Europea, a España le corresponde asegurar un 7% de ahorro en sus consumos energéticos, a contabilizar a partir del 1 de agosto. A la espera de ultimar el Plan de Contingencia adicional que deberá remitir a Bruselas a finales de septiembre, el Gobierno estima que el ahorro derivado de la aplicación generalizada de las medidas del RDL del 1 de agosto podría alcanzar entre el 4 y el 5% del total.
«Sugerencias para nuevos paquetes para otoño»
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves públicamente esa línea. El mensaje que ha lanzado ha sido la apuesta por el diálogo con las comunidades autónomas, pero ha insistido en que el cumplimiento de la ley también debe darse siempre, en referencia al real decreto ley de ahorro energético aprobado por el Gobierno.
Ha asegurado que ha habido diálogo con las comunidades autónomas y que se les ha pedido que velen por el cumplimiento de este decreto y ofrezcan «sugerencias que permitan conformar los paquetes de medidas sobre las que hay que seguir trabajando para otoño» y que irán en la línea de prevenir que existan dificultades en el suministro de gas y de reducir este consumo en un 7 %.
Todo completará las dos reformas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció para el mes de septiembre, una vez se retome el curso político. La primera propuesta es una reforma del mercado eléctrico con la intención de desacoplar la evolución precio del gas al precio de la electricidad que será presentada en septiembre ante la Comisión Europea. La segunda se basa en poner un tope al precio de las emisiones de Co2.
