El Gobierno ‘salva’ la F1 de Cataluña con una inyección de dos millones

La decisión de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, de aspirar a atraer a la capital un Gran Premio de la Fórmula ha vuelto a poner sobre la mesa la viabilidad de estos proyectos. Precisamente, en los últimos años, la experiencia ‘vecina’ del Circuit de Cataluña, que gestiona la F1 y la MotoGP en Barcelona, demuestra que acarrea una gestión financiera complicada. En los últimos meses, varias administraciones de Cataluña han advertido ya de recortes en las subvenciones a la empresa pública del circuito, hasta el punto de que el propio Gobierno ha tenido que inyectar una ayuda estatal para mantener sus cuentas a flote este año.

A finales del 2021, la Generalitat alargó, hasta el 2026, los contratos para albergar de la Fórmula 1 y las carreras de MotoGP. Un paso necesario para garantizar la continuidad de la principal instalación del motor en España. En este ejercicio del año 2022, por primera vez, el Gobierno ha participado en la financiación del Circuit con una aportación de 2 millones de euros, procedentes de los presupuestos generales del Estado. 

¿Cómo se organiza el Circuito?

Fundado en 1991 y Situado en el municipio de Montmeló, comarca del Vallès Occidental, la gestión de este espacio se vehicula a través de la empresa Circuits de Catalunya SL. Los accionistas de la sociedad son la Generalitat (78,32%), Reial Automòbil Club de Catalunya (14,44%) y Ayuntamiento de Montmeló (7,44%). 

El presidente del consejo de administración del Circuito es Roger Torrent, consejero de Empresa de la Generalitat. La mayor parte del resto de consejeros son cargos públicos que cuentan con la confianza del expresidente del Parlament. Por lo que respecta a la parte ejecutiva, la dirección de la instalación está a cargo, desde julio del año 2020, de Josep Lluís Santamaría. Con una larga trayectoria como comisario de carreras de motor, Santamaría es una persona bien relacionada con la órbita de los republicanos. 

Situación financiera

En 2016, el Circuito de Cataluña vivió una situación límite con unas pérdidas de 10,2 millones y sobreviviendo a base de constantes ayudas, a fondo perdido, de la Generalitat. Los responsables ejecutivos y políticos del espacio de motor reconocen que el Circuito no genera números verdes, pero sí un impacto económico de 300 millones de euros en el entorno de Barcelona y una contratación de hasta 2.000 trabajadores.

Más allá de la responsabilidad de los accionistas, otras administraciones participan en la financiación del Circuito, en concepto de acuerdos comerciales. Además de la citada inversión estatal, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona también adquieren un destacado protagonismo. 

El organismo supramunicipal abona 1,4 millones de euros y el consistorio, pese a las reticencias ideológicas de Ada Colau, invierte una cifra similar. Hasta la llegada de los comunes al consistorio y en etapa del alcalde Xavier Trias (2011-2015), Barcelona tenía firmado un patrocinio de 4 millones para participar en la nomenclatura del Circuito.  

Cambios en el modelo de gestión

La aparición del Gobierno en el funcionamiento del Circuito forma parte de un cambio en el modelo de gestión. El objetivo es incrementar la actividad de la instalación, más allá de las carreras en pista. 

Hasta el 2024, los responsables invertirán 24 millones de euros en una remodelación. El Circuito de Cataluña ganará un espacio de 55.000 metros cuadrados para eventos corporativos y atraer a empresas y universidades del motor.