La izquierda no-nacionalista catalana sale a la calle a favor del castellano en la escuela

Entidades progresistas contrarias a la inmersión lingüística convocan una manifestación contra la supresión del español como lengua vehicular

Las concesiones del Gobierno a ERC con la educación a cambio de la inmersión lingüística sigue generando un rechazo social en todo el abanico político. Nueve entidades de izquierdas han convocado el próximo 2 de diciembre una manifestación frente a la delegación del Gobierno en Cataluña para protestar contra la LOMLOE –conocida como Ley Celaá– por marginar al castellano. 

Los convocantes critican que la medida que impulsan PSOE y Unidas Podemos excluya a la lengua castellana como vehicular en la enseñanza de todo el Estado, algo que en su opinión “margina” a la lengua común y su único propósito es la contrapartida para contentar a los socios independentistas. 

La convocatoria la firman el vicepresidente de Societat Civil Catalana; el exsocialista Javier Marín, que representa a la antigua corriente ya escindida del PSC Líneas Rojas; y otras entidades que se ubican en la izquierda como el Partido Feminista, Centro Izquierda de España, Alternativa Ciudadana Progresista, la Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña, Unidos Sí, Izquierda en Positivo, Somos España y Partido Socialista del Trabajo.

Marín ha destacado que querían que la convocatoria fuera netamente de “izquierdas” para demostrar que no solo la derecha está en contra del proyecto educativo del Gobierno por el tratamiento que da a la lengua castellana. Según ha explicado a Efe, ha confiado en que esta primera movilización contra la ley Celaá en Cataluña dará paso a otras más multitudinarias durante las próximas semanas.

Caravana naranja contra la Ley Celaá en Madrid

Esta marcha se suma a las que se han sucedido en toda España este pasado fin de semana contra la reforma educativa que prepara Isabel Celaá.

Las familias de la educación concertada han salido a las calles de las principales ciudades españolas para clamar contra la nueva ley educativa que ha impuesto la ministra Isabel Celaá bajo la consigna “por el derecho a elegir la educación que queremos”.

Madrid se convirtió en el epicentro de las protestas con una gran caravana de vehículos que ha recorrido el Paseo de la Castellana desde las once de la mañana entre el ruido ensordecedor de los cláxones. Los coches han formado una larga serpiente en la que han ondeado banderas y globos naranjas, que se ha convertido en el símbolo de la protesta.

Los padres de la concertada respondieron a la llamada de la Plataforma Más Plurales que convocó manifestaciones en 30 ciudades españolas para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que diera marcha atrás en su plan de reformar la educación.

Familias de todas las autonomías salieron con sus coches a protestar contra la nueva normativa, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias o la Comunidad Valenciana, donde no se prevén manifestaciones.  

“Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática”, han justificado fuentes de la organización.

La Ley Celaá: sin consenso ante un cambio de gobierno

La Ley Celaá cuenta con varios aspectos polémicos en su articulado. Más allá de la concesión al nacionalismo catalán con la inmersión lingüística, la ley también prevé apartar la asignatura de Religión –sin materia espejo y sin que su evaluación cuente para la nota–. 

También, al eliminar la “demanda social” para abrir nuevos centros o aumentar plazas en la educación concertada. Los centros privados sotenidos con fondos públicos tendrán prohibido recibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

Las dificultades y lo turbulento de la Ley Celaá se ha alejado de la voluntad del PSOE de crear un pacto nacional por la educación, con la mitad del sistema educativo en contra y con los partidos de derechas –PP, Cs y Vox– asegurando que la derogarán en cuando lleguen al poder.

Pablo Casado ha asegurado que las comunidades gobernadas por el PP legislarán para mitigar los efectos de la norma educativa.