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Los operadores de servicios funerarios consideran que el proyecto de funeraria municipal que impulsa la alcaldesa Ada Colau juega con cartas marcadas, con ventaja, porque se aprovecha de su condición de empresa pública. De entrada, se beneficiaría de una bonificación del 99% del impuesto de sociedades, hecho que supone un agravio comparativo con las empresas privadas de su sector.  

El proyecto de funeraria de Colau incurre en posibles causas de competencia desleal, según advierten los actuales operadores del servicio en sus alegaciones. El proyecto puede acabar en los tribunales si sigue adelante tal como está proyectado.  

La funeraria municipal se beneficiará de la estructura de otra empresa pública, Cementiris de Barcelona SA (CBSA), que es la que ha realizado los informes para ponerla en marcha. Cuando en noviembre pasado se presentó el proyecto, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, destacó que para prestar servicios funerarios será necesario construir un nuevo tanatorio. El Ayuntamiento piensa levantarlo en un solar municipal calificado como zona verde. Este será otro punto de conflicto con las empresas del sector.  

Según la memoria justificativa del proyecto, el Ayuntamiento prevé construir el tanatorio en un solar de titularidad municipal situado junto al cementerio de Montjuïc. El edificio, de dos plantas, tendría una superficie construida de 1.500 metros cuadrados. Contaría con seis salas de velatorio.

El solar debería someterse a concurso público  

Desde las empresas del sector se subraya que el equipo de gobierno de Ada Colau pretende construir este tanatorio en un terreno municipal que está calificado de zona verde. Para ello, primero lo tendrían que recalificar y, luego, someterlo a un concurso público. Para garantizar unas condiciones de competencia equilibrada, desde el sector funerario se señala que este solar se debería adjudicar mediante un concurso público abierto a todos los operadores. Sólo así se aseguraría la neutralidad en una operación que concierne a un bien de dominio público.  

La empresa Áltima recuerda en el pliego de condiciones que tardó siete años en conseguir los permisos para uno de sus tanatorios (situado en la Ronda de Dalt) y que lleva cinco años intentando construir otro en las inmediaciones del cementerio de Sant Andreu. En cambio, el equipo de gobierno de Ada Colau anuncia que el suyo estará aprobado, construido y en funcionamiento en un plazo récord de dos años y medio.

El Ayuntamiento conserva el monopolio de la cremación

Además, construir el tanatorio al lado del cementerio de Montjuïc, que también cuenta con crematorio, supone una «ventaja competitiva» que perjudicará a los operadores privados. La empresa municipal CBSA dispondría de estos tres servicios –tanatorio, cementerio y crematorio- en un mismo entorno. Esto les permitiría ofrecer un servicio integral desde un mismo punto y en un solo acto de venta, según se subraya el les alegaciones de Áltima.  

El Ayuntamiento de Barcelona es el propietario de CBSA, empresa que gestiona el servicio de cremación en régimen de monopolio. El año pasado tuvo unos beneficios de 2.8 millones de euros. Desde el sector funerario se recuerda a la alcaldesa Colau que, si quiere rebajar los precios, que empiece por los de la empresa municipal, que suponen aproximadamente un 20% de la factura que acaban pagando los ciudadanos. Los operadores privados ponen en duda que el Ayuntamiento consiga abaratar los servicios funerarios.

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