Los plazos de la Generalitat amenazan la estrategia de Aena para El Prat

El gestor aeroportuario quiere tener cerrada la obra a finales de julio, pero el Govern todavía no ha constituido la mesa de trabajo y maneja unos 'timings' políticos totalmente distintos

Pere Aragonès y Jordi Puigneró, presidente y vicepresidente de la Generalitat respectivamente. EFE

La mesa de trabajo para acordar la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat nace con tensión. Si las posturas entre algunos de los integrantes –especialmente Aena y el Ayuntamiento de Barcelona– ya eran distantes, el calendario diseñado por la Generalitat de Catalunya pone en duda que la compañía pueda aprobar el proyecto y enviarlo al Consejo de Ministros con los timings que pretende. Por mucho que presione.

A lo largo de toda la semana, el gestor aeroportuario ha lanzado mensajes al Govern de que no está dispuesta a sentarse en una mesa con el resto de las instituciones afectadas para que las conversaciones se eternicen. En el sector hay precedentes claros: la ampliación de Heathrow (Londres) no se aprobó hasta que pasaron más de dos años de negociaciones. Y sin siquiera fue por unanimidad.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ya urgió a la Generalitat a comienzos de semana. “Existen razones apremiantes para acometer la ampliación”, dijo en un encuentro con empresarios del Baix Llobregat, la comarca en la que se encuentra el aeropuerto. “Hay mucho trabajo por hacer y más vale decidir lo antes posible”, añadió.

El jueves, la compañía insistió: “finales de julio” sería la fecha ideal para sellar la aprobación del plan, que pretende alargar la tercera pista de la infraestructura y erigir una terminal satélite.

La razón de la premura es que Aena quiere tener definidas sus inversiones quinquenales antes del 30 de septiembre. Con la llegada de octubre, la cotizada controlada por el Ministerio de Fomento pretende que el Consejo de Ministros haya aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) del periodo 2022-2026.

La compañía va de la mano del mundo empresarial catalán. En el acto celebrado en la escuela de negocios Esade la semana pasada, patronales y organizaciones cerraron filas con el gestor. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, también se sumó a sus calendarios: “No tenemos mucho tiempo”, advirtió.

La Generalitat avanza con pausa

Sin embargo, los caminos del Govern van por otro lado. Las reuniones de la mesa de trabajo está previsto que comiencen a celebrarse a partir de la próxima semana. Están invitados el Gobierno central, la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos afectos de la zona.

“Todas las consideraciones que hay sobre este tema ponen de manifiesto que debe haber un consenso”, avisó la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. Y con el consistorio barcelonés de por medio parece complicado que se produzca una aprobación exprés para llegar al mes de agosto con el proyecto definido.

“Hay intereses contrapuestos con la ampliación y por eso hay que buscar el consenso”

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Catalunya

“No es una cuestión fácil, se necesita un aeropuerto competitivo, pero también proteger la biodiversidad. Por eso impulsamos este grupo de trabajo. Hay intereses contrapuestos y por eso hay que buscar el consenso”, había dicho antes el president, Pere Aragonés.

De hecho, todos los expertos consultados por Economía Digital defienden que, si bien es importante empezar a tratar el tema, no es urgente tomar una decisión. Más teniendo en cuenta que la pandemia retrasó la llegada a la saturación de la instalación. Además, abogan por separar la ampliación del DORA debido a que incide en un espacio protegido por la Unión Europea bajo el sello Natura2000.

Recuerdan que las mesas de trabajo son la norma en Europa a la hora de analizar las ampliaciones. Y no son precisamente rápidas: Heathrow tardó dos años y medio en aprobar su extensión. Instalaciones como Schiphol (Ámsterdam), Bruselas o Múnich tienen establecidas diferentes plataformas para conversar con los diferentes grupos de interés por su futuro en los próximos 20 o 30 años, un plazo parecido en el que piensa Aena con Barcelona.

De no alcanzar un acuerdo en tiempo y forma para enviar a la Unión Europea, el gestor aeroportuario se enfrenta a dos riesgos. El primero es que la ampliación de El Prat se quede fuera del plan de inversiones, algo solucionable al tener en cuenta que el Estado posee más de la mitad de las acciones de la cotizada. Siempre habría espacio para incluir un anexo o, como sugieren los expertos, separar el caso catalán bajo la justificación medioambiental.

El segundo factor de incertidumbre sería el mensaje que se envía a los mercados, que puede generar dudas en los inversores ante los titubeos del plan de negocio del segundo aeropuerto más importante de su red.

Aena confía en el ‘sí’ de Europa

Aena confía en que si presenta su plan de la mano de las autoridades obtendrá el visto bueno de Bruselas ya que la obra responde a un beneficio social a largo plazo y de interés público. Además, se comprometió a compensar los terrenos afectados en una proporción superior a 1 por 1, otro de los requisitos para tocar un espacio certificado por Natura2000.

Según informó en su momento, el gestor aeroportuario promete compensar las 27 hectáreas afectadas de La Ricarda con otras 280 hectáreas protegidas en el mismo Delta del Llobregat. La compra de los terrenos, que debería habilitar, está incluida en la inversión prevista de 1.700 millones de euros.