La juez archiva la querella de Roures contra el periodista Pere Rusiñol

El empresario interpuso una demanda por injurias y calumnias después de que Rusiñol le llamara "estafador" en una entrevista por los hechos ocurridos durante el cierre de la edición en papel del diario Público

El fundador de Mediapro, Jaume Roures / EFE

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La magistrada del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola Feixa, ha establecido el sobreseimiento total y provisional de la querella que el empresario audiovisual Jaume Roures interpuso contra el periodista y responsable de la sección de información de la Revista Mongolia, Pere Rusiñol.

El empresario se querelló contra el periodista por injurias y calumnias después de que este último concediera una entrevista en la que afirmó que Roures era un «estafador» debido al cierre de la edición en papel del diario Público en 2012.

A falta todavía de que la parte demandante recurra o no el auto de la juez, se subraya que “el investigado usó esa palabra como una palabra común en el sentido de sentirse engañado” durante el proceso de cierre del medio, tal y como argumentaba el abogado defensor del periodista, Eloi Castellarnau. El auto justifica además que Rusiñol, «a consecuencia del incumplimiento de lo que se les había prometido, pudo encontrarse en una situación casi desesperada, al quedarse sin empleo, sin sueldo, y prácticamente sin indemnización”.

Y es que Rusiñol fue uno de los damnificados por el cierre de la edición en papel de Público y, como el resto de sus compañeros, fue mandado al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debido a que la empresa no podía, supuestamente, hacerse cargo de las indemnizaciones por las deudas de la empresa.

En este sentido, notificaron al Fogasa que la compañía de Roures y sus socios había dejado más de 10 millones de euros de deuda en distribución, pagos a proveedores, colaboradores y salarios y pago de impuestos como Seguridad Social y Hacienda.

Durante el concurso de acreedores en el que entró la empresa, se descubrió que la compañía matriz tenía la sede en Holanda, un paraíso fiscal, y que desde el grupo, poco después del cierre de la edición en papel, sí había dinero para invertir en un restaurante de lujo de Barcelona.

También hubo dinero para que el empresario pudiera volver a recomprar la compañía sin hacerse cargo de las deudas generadas cuando Público siguió como un proyecto editorial liderado por los trabajadores.

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