Más de 130.000 firmas salen en defensa del castellano ante la ley Celaá

Históricos dirigentes del PSOE suman ya más de 134.500 firmas en change.org en defensa del castellano como lengua vehicular en la enseñanza

El descontento con la Ley Celaá aumenta cada día. La enmienda pactada entre el Gobierno y ERC por la que el castellano deja de ser lengua vehicular de la enseñanza llevó a históricos dirigentes del PSOE  a publicar un manifiesto en contra de la nueva ley de educación  en change.org. Esta petición, liderada por Antonio Miguel Carmona y Zenón Jiménez Ridruejo, fue publicada hace cuatro días y ya recoge a día de hoy más de 134.500 firmas.

“El español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece”, comienza el documento. “El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles y a seiscientos millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes”, continúa el texto.

PSOE, Unidas Podemos y ERC acordaron eliminar de la LOMLOE la parte en la que se indicaba que el castellano y las lenguas cooficiales tenían “la consideración de lenguas vehiculares”. Una iniciativa que, para los impulsores del manifiesto, “consagra un error histórico”. “Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir”, aseguran.

“Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir”

La ley que impulsa Isabel Celaá se limita a pedir un “dominio pleno” del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en aquellas donde las haya. El PSOE defendió que la reforma educativa garantizará que los alumnos de comunidades autónomas con lengua cooficial adquieran competencias “por igual” del castellano y de la lengua correspondiente, a pesar de que se vaya a retirar de la norma el término de “lengua vehicular” para el español en la enseñanza.

Pero para los detractores de esta norma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que “cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular, pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla”.

La ministra de Educación, Isabel Celáa,. EFE/ J.J. Guillén

Los firmantes vinculan esta enmienda a la aprobación de los PGE

“Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer”, insisten los socialistas. Además, el manifiesto afirma que “corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado”. Por lo que los autores cuestionan las circunstancias y las razones que han llevado al Ejecutivo o a modificar el texto.

“Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer”

Los firmantes achacan esta decisión a las “exigencias” para la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) , presentado esta semana. “Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de las cuentas dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones”, critican.

Por todo ello, los abajo firmantes reclaman finalmente “que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución”.