Casado propone la creación del delito de rebelión impropia

Pablo Casado ha anunciado que trabaja en una propuesta para la creación de un nuevo delito bajo el nombre de ‘rebelión impropia’. El presidente del Partido Popular ha explicado que esta nueva tipología en el Código Penal serviría para condenar a los responsables de aquellos levantamientos contra el Estado en los que no se utilice la violencia.

El jefe de la oposición ha explicado que este cambio legislativo permitiría acercar posturas con otros países como Francia, Italia y Alemania que se han negado a entregar a Carles Puigdemont a la justicia europea después de que el Tribunal Supremo solicitase una orden europea de detención por el presunto delito de sedición.

«Los golpes de Estado ya no se dan a caballo ni se dan con pistolas en un hemiciclo, sino desde un balcón y con una subversión digital de instituciones», ha justificado Casado en una entrevista en Onda Cero.

El líder de los populares ha argumentado que la introducción de esta nueva variable permitiría separar causas como la que afecta a los condenados por el juicio del ‘procés‘ de otros hechos delictivos en los que se aplica la misma norma como el asalto a una central nuclear o el bloqueo del espacio aéreo por parte de los controladores.

«Quizá a nivel europeo hay que explicarlo con más detenimiento. La rebelión la entiende todo el mundo. Es lo que llaman delito alta traición en Francia, Italia y Alemania», ha justificado.

Casado ha colocado esta iniciativa dentro de su batería de políticas legislativas con las que persigue plantar cara al independentismo en los tribunales. La creación de una nueva ley sobre referéndums ilegales o la prohibición de aplicar los indultos a los condenados por el delito de sedición son otras de sus dos grandes líneas de actuación.

Casado mantiene en el aire la renovación del Poder Judicial

El presidente de los populares ha utilizado su propuesta sobre el delito de rebelión impropia para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de no haber intentado por todos los caminos posibles la extradición de Carles Puigdemont, después de que el expresidente catalán fuera detenido por las autoridades italianas en Cerdeña y luego puesto en libertad.

Sin embargo, Casado sí que le ha tendido la mano al presidente para seguir dialogando en el desbloqueo de los órganos constitucionales, aunque ha mantenido sus líneas rojas sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solo cederá si se permite a los jueces elegir directamente a 12 de los 20 vocales. «No puedo renovar el órgano de gobierno de los jueces si hay una percepción de politización», ha recordado.

El líder de los populares sí que ha celebrado los acuerdos para dar relevo al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Sin embargo, ha aclarado que todavía no se han determinado las personas designadas para cada uno de los puestos. «No hemos pactado nombres y eso le corresponde al partido que tiene más escaños», ha enfatizado.

Casado forzará a Sánchez ahora en las negociaciones para evitar que termine en el Constitucional ningún magistrado que tenga un vínculo estrecho reciente con alguna formación política. El objetivo de la maniobra pasa por evitar que personas como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que suena en las quinielas para dirigir la institución.

Casado carga contra la agenda política del PSOE

A pesar de haber limado asperezas con la negociación de los órganos constitucionales, Pablo Casado ha aprovechado su entrevista para cargar contra la hoja de ruta que el Partido Socialista ha definido para los próximos años en materia social, económica y legislativa durante el 40 congreso de la formación.

El jefe de la oposición ha afeado que los esfuerzos se hayan dirigido en acabar con algunas medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy como la reforma laboral o la ‘ley mordaza’. «Si esa esa la agenda que tiene Sánchez para España, mejor que deje paso para otros para que gestionemos», ha esgrimido.

Casado ha insistido también en su rechazo a otras políticas claves defendidas durante la convención socialista como el acuerdo para impulsar la nueva Ley de Vivienda porque considera que tensionará el mercado del alquiler o la normativa diseñada para enfrentar la crisis energética, que se saldará con un recorte de 3.200 millones de euros en los beneficios de las eléctricas.