Podemos utiliza a Juan Carlos I para pedir dinero y sufragar su campaña electoral en Cataluña

Podemos vuelve a los microcréditos para financiar las elecciones catalanas, pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas.

El ahora exvicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en una rueda de prensa en La Moncloa | EFE/JJG/Archivo

El ahora exvicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en una rueda de prensa en La Moncloa | EFE/JJG/Archivo

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Unidas Podemos lo ha vuelto a hacer. Si el vídeo en el que compara a la Casa Real con la serie ‘Narcos’ ya causó furor, el mismo equipo de los morados vuelve a cargar contra el Rey Emérito para pedir dinero y sufragar así los comicios catalanes de la formación. El vídeo, publicado este martes en sus redes sociales, insiste en que el Rey Emérito no vuelve pero sus microcréditos sí.

La formación de Pablo Iglesias utiliza la imagen del Juan Carlos I, a quien llaman «supuesto patriota» y aseguran que «no vuelve» con un discurso de fondo donde se escucha al monarca saliente hablando de «ejemplaridad» y «transparencia». A ello contraponen el anuncio de los microcréditos para financiarse en esta campaña de las elecciones a la Generalitat del próximo 14 de febrero.

La campaña comienza este viernes y el mismo día que el ministro de Sanidad abandona el cargo para dedicarse por completo a ser candidato del PSC a la Generalitat, los morados piden dinero a través de las redes sociales para financiar sus próximos actos en Cataluña.

Podemos y los microcréditos, en el punto de mira

Más allá del vídeo, de la gracia y de la campaña, los morados están bajo el punto de mira del Tribunal de Cuentas y también del Congreso y del Senado por el método de financiación utilizado. Ya en agosto del año pasado, el Tribunal de Cuentas pidió al Gobierno regular la financiación electoral y, en concreto, a poner un tope a los microcréditos a los que cada vez recurren más partidos para financiar sus campañas, entre ellos, el Partido Socialista y Unidas Podemos.

Con Unidas Podemos imputado como partido por la Justicia e investigado en estos momentos por su presunta financiación irregular, los morados rescatan este sistema para financiar las elecciones en Cataluña.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, conversa con su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, el diputado Enrique Santiago y la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Congreso | EFE/Mariscal/Pool/Archivo

Ya a mediados de diciembre, tanto PSOE como Unidas Podemos rechazaron una propuesta de Vox para poner límites a los microcréditos que utilizan los partidos para financiar sus actividades, pero en todo caso advirtieron que se crearía una subcomisión parlamentaria en las Cortes para estudiar este asunto y otras leyes de financiación de partidos.

En este sentido, la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José De la Fuente, ya lo dejó bien claro asegurando que la actual legislación presenta una «laguna legal» y que es necesario regular los microcréditos, un instrumento utilizado fundamentalmente por PSOE y Podemos y que les permite recibir numerosas pero pequeñas aportaciones de particulares y sí evitar créditos bancarios.

Según explicó, una cosa es el llamado «crowdfunding» (micromecenazgo), del que ya existen «muchos antecedentes» como rifas o fiestas de los partidos para financiarse, y otra los microcréditos que se están generalizando en los últimos tiempos.

Mientras que el ‘crowdfunding’ esta regulado, los microcréditos son figuras «relativamente nuevas» que no disponen de normativa específica y su uso se beneficia de que existe una laguna legal. No se pueden considerar donaciones, ya que el dinero aportado se devuelve, pero no hay más legislación sobre créditos que la que se aplica a las entidades bancarias, con lo que estos préstamos de particulares quedan en el limbo.

«La normativa es insuficiente para regular la naturaleza específica de los microcréditos y por eso el Tribunal de Cuentas recomienda una norma específica sobre créditos de particulares», avisó la presidenta del Tribunal de Cuentas.

De la Fuente lanzó incluso algunas propuestas que debiera contemplar esa regulación. A su juicio, hay que fijar una cuantía máxima del prestamista, obligar a que las aportaciones sean ingresados en cuentas electorales, garantizar que el microcrédito se devuelva antes de un año natural y que se prohíba la condonación de las deudas a particulares, igual que no se permite a los bancos perdonar sus créditos.

En todo caso, mientras se decide si se hacen o no reformas en este sentido, el Tribunal de Cuentas mantiene su vigilancia y control de estos microcréditos y pide a los partidos que ofrezcan los datos que se exigen para los créditos bancarios y para las donaciones en campaña.

Así, en los informes de fiscalización sobre las campañas electorales todo ingreso y pago se debe realizar en cuentas electorales, no en metálico, y deben constar los datos del aportante (nombre y DNI). Y en los informes anuales se comprueba si ese microcrédito fue devuelto con cargo a las subvenciones electorales y si se han cumplido los requisitos establecidos en la póliza.

De la Fuente ya avanzó en diciembre que en los próximos informes anuales sobre partidos políticos se incluirá un anexo, similar al que ya existe sobre la deuda de las formaciones con los bancos, en el que se harán comparativas de microcréditos y sus condiciones.

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