El Tribunal de Cuentas rechaza el aval del Govern a los independentistas
La delegada instructora, Esperanza García, ha decidido no aceptar que la Generalitat cubra las fianzas de acusados de malversar fondos
Tribunal de Cuentas/ EFE
El Tribunal de Cuentas ha rechazado el aval que ofrecía el Govern para pagar la fianza de 5,4 millones de euros que se les reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por su presunta implicación por los gastos indebidos en la promoción del procés en el extranjero, entre 2011 y 2017.
La delegada instructora, Esperanza García, así lo ha decidido, según ha adelantado este jueves El País. La instructora del órgano fiscalizador del expediente considera que esta fórmula no puede aceptarse porque la legislación catalana no ampara actuaciones irregulares de los dirigentes públicos con dolo.
Al mismo tiempo, el Tribunal ha rechazado los recursos de los independentistas contra estas fianzas. Los investigados defendieron que tuvieron poco tiempo para conocer el expedientes y efectuar alegaciones. Sin embargo, el tribunal ha determinado que los plazos fueron los correctos y que incluso se ampliaron.
El tribunal rechaza la reclamación de inmunidad de Puigdemont
El auto, que ha sido aprobado por unanimidad por los tres miembros de la sala de Enjuiciamiento, no ha aceptado la reclamación del expresident Carles Puigdemont de que tiene inmunidad por ser miembro del Parlamento Europeo.
El tribunal ha justificado que la naturaleza económica de los expedientes instruidos no tienen que ver con el proceso penal en el que Puigdemont está procesado en rebeldía. Y la inmunidad no le exime de las responsabilidades económicas por el presunto mal uso de los fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas descarta acudir al Constitucional
El órgano también ha desestimado acudir al Tribunal Constitucional para plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Esta fue la petición de las defensas, que pusieron en duda que procedimientos seguidos en este proceso respetaran el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por lo tanto, solicitaron que el propio Tribunal de Cuentas se dirigiera al Constitucional para consultar si las normas que rigen el funcionamiento del papel de la delegada instructora garantizaron un proceso justo.
En concreto, las defensas señalaron que los investigados no tuvieron noticias de lo que se estaba indagando durante cuatro años y que no se les dio información hasta el momento de conocer la liquidación provisional el pasado mes de junio.
