Funcionarios alertan al Gobierno sobre el permiso parental: «Volverán a sancionar a España»
CSIF ha acudido a los tribunales, logrando importantes victorias judiciales
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La reivindicación de un permiso parental verdaderamente retribuido de al menos ocho semanas es una de las principales banderas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en 2025.
El requerimiento tiene relación con la necesidad de homologar la legislación española con la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre conciliación de la vida familiar y profesional, así como a las recientes sentencias de la justicia española que reconocen la aplicación directa y el carácter remunerado de este derecho cuando el legislador nacional es reticente o no cumple los plazos de transposición.
La directiva exige, en su artículo 5 que todos los Estados miembros establezcan un permiso parental de al menos 4 meses por progenitor, de los cuales al menos dos meses sean intransferibles y retribuidos “de manera que se facilite que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso parental”.
El plazo inicial para transponer esta norma finalizó el 2 de agosto de 2022, y España llegó con retraso. Solo en julio de 2023 el Gobierno español reguló el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años, pero sin retribución: era una suspensión del contrato sin sueldo.
Además, la segunda parte del plazo europeo, relativa a la retribución obligatoria de, al menos, ocho semanas, venció el 2 de agosto de 2024.
España no cumplió, motivo por el cual la Comisión Europea abrió un expediente sancionador y acabó denunciando a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, que falló en 2025 con una multa millonaria por el incumplimiento reiterado e injustificado.
Jurisprudencia española: sentencias sobre el permiso parental
Ante la inacción del legislador, CSIF ha acudido a los tribunales, logrando importantes victorias judiciales. En febrero de 2025, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca dictó la primera sentencia firme en España que reconoce el derecho de una empleada pública a disfrutar de un permiso parental de ocho semanas retribuido, basándose en la aplicabilidad directa y obligatoria de la directiva europea, que es vinculante incluso ante el vacío o retraso normativo nacional.
La sentencia señaló que la directiva es “incondicional, suficientemente clara y precisa”, por lo que el derecho debía ser concedido y retribuido. Otros juzgados, como en Barcelona, han seguido el mismo camino, reconociendo la retribución a empleados públicos y de la empresa privada ante la ausencia de regulación nacional efectiva.
El caso se ha convertido en un referente que CSIF utiliza como argumento central de su campaña, exigiendo al Gobierno que aplique esta doctrina en toda la Administración y que publique instrucciones claras, tanto para empleados públicos como para el personal del sector privado.
El Gobierno de España ha dado algunos pasos en los últimos meses, en parte presionado por la amenaza inminente de sanciones europeas y las órdenes judiciales.
El Real Decreto-Ley 9/2025 amplió el permiso por nacimiento y cuidado de menor de 16 a 17 semanas e introdujo la retribución de dos de las ocho semanas del permiso parental para el cuidado de un menor de hasta 8 años. Además, este permiso alcanza hasta 32 semanas para familias monoparentales, con seis semanas retribuidas, en una apuesta por la igualdad real.
Sin embargo, CSIF denuncia que la solución es claramente insuficiente y no cumple ni la directiva ni las sentencias judiciales, al limitar la retribución a solo dos semanas en vez de las ocho exigidas.
Además, el sindicato recuerda que la normativa europea fija cuatro meses de permiso parental, con al menos ocho semanas remuneradas y dos intransferibles para cada progenitor.
España sigue, por tanto, sin igualar los estándares de otros países europeos como Alemania, Francia o los nórdicos, donde los permisos parentales remunerados son sensiblemente mayores y contribuyen a cerrar la brecha de género en el empleo.
