La Justicia europea se inclina por desestimar el recurso de Google contra una multa de 4.124 millones

La batalla legal entre Google y la Comisión Europea por abuso de posición dominante en el mercado de los dispositivos móviles Android sigue sumando capítulos. Esta semana, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha emitido unas conclusiones demoledoras para los intereses de la multinacional estadounidense. En su dictamen, Kokott propone al Tribunal que desestime el recurso de casación de Google y confirme la multa de 4.124 millones de euros que el Tribunal General ya había fijado en septiembre de 2022.

Origen de la disputa: abuso de dominio en Android

Todo se remonta a julio de 2018, cuando la Comisión Europea impuso a Google una multa inicial de 4.343 millones de euros. El organismo comunitario concluyó que la compañía había abusado de su posición dominante al imponer una serie de cláusulas contractuales restrictivas a los fabricantes de dispositivos y operadores móviles. Estas prácticas, iniciadas en 2011, consistían en tres mecanismos principales:

Agrupación de aplicaciones: obligaba a los fabricantes a preinstalar Google Search y el navegador Chrome como condición para acceder a la Play Store.
Cláusulas antifragmentación: impedía a los fabricantes distribuir versiones de Android no autorizadas por Google.
Reparto de ingresos publicitarios: supeditaba los ingresos de los fabricantes y operadores a no preinstalar motores de búsqueda de la competencia.

Estas prácticas, a juicio de la Comisión, tenían un objetivo claro: blindar el dominio de Google en el negocio de la búsqueda online y la publicidad móvil, en un momento en el que el acceso a internet desde dispositivos portátiles empezaba a crecer exponencialmente.

Google apeló esta decisión ante el Tribunal General, que en septiembre de 2022 anuló parcialmente la decisión de la Comisión en lo que respecta al sistema de reparto de ingresos, pero ratificó las prácticas de agrupación y antifragmentación. En consecuencia, la multa fue rebajada hasta los 4.124 millones de euros, aunque seguía siendo la mayor sanción antimonopolio impuesta en Europa hasta la fecha.

El nuevo intento de Google y el análisis de la Abogada General

No conforme con el fallo, Google llevó el caso al Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, la Abogada General Kokott desmonta los principales argumentos esgrimidos por la multinacional. En su dictamen, aclara que:

El Tribunal General no necesitaba realizar un análisis contrafáctico (evaluar qué habría pasado sin las prácticas cuestionadas) para probar el abuso. Bastaba con constatar que la preinstalación creaba un «sesgo de statu quo» que inclinaba a los usuarios a seguir usando Google Search y Chrome, dificultando la competencia efectiva.
No era necesario demostrar que los competidores de Google fueran «igualmente eficaces» para evaluar el perjuicio a la competencia. Kokott señala que Google, gracias a su posición dominante y a los efectos de red acumulados, estaba en una situación imposible de igualar por cualquier nuevo rival.
Aunque se anuló la parte relativa al reparto de ingresos, el resto de las conductas configuran una infracción única y continuada que justifica la sanción global.
El cálculo de la multa realizado por el Tribunal General fue correcto y proporcionado, por lo que no procede su revisión.

El dictamen de Kokott, aunque no vinculante, suele ser seguido en la mayoría de los casos por el Tribunal de Justicia, lo que augura un escenario muy desfavorable para Google. Este proceso se ha convertido en uno de los casos más simbólicos de la batalla de la UE contra los gigantes digitales estadounidenses, y sienta jurisprudencia sobre cómo debe interpretarse el abuso de posición dominante en los mercados digitales.

Este litigio forma parte de un conjunto de acciones regulatorias que la Comisión Europea ha desplegado contra las grandes plataformas tecnológicas en los últimos años. Además de las multas a Google (por Android, Google Shopping o AdSense), Bruselas ha aprobado legislaciones como la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que refuerzan los controles sobre estas empresas.

El impacto económico de la decisión

Aunque Google tiene capacidad financiera de sobra para afrontar esta sanción, el golpe reputacional y las posibles restricciones futuras a sus modelos de negocio son la verdadera preocupación de la multinacional. Además, este caso podría servir de base para futuras demandas de competidores o usuarios que se hayan visto perjudicados por estas prácticas.

Ahora queda en manos del Tribunal de Justicia dictar sentencia definitiva, lo que se espera ocurra en los próximos meses. Si confirma el criterio de la Abogada General, Google deberá asumir la mayor multa antimonopolio de la historia europea, y el fallo se convertirá en un nuevo referente en la regulación de la competencia digital a nivel mundial.